Ayer, miércoles 11 de junio, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó medidas de coerción contra cuatro personas acusadas de protagonizar una seguidilla de robos en San Pedro de Colalao. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Diego Hevia, y durante la audiencia fue representado por la auxiliar de fiscal Elina González.
Según la acusación, el grupo —una mujer de 38 años, su pareja de 24, su hija de 19 y el novio de esta, de 20— está sospechado de ingresar a una vivienda del barrio Villa Gloria mientras sus propietarios no estaban y llevarse más de 60 objetos, entre electrodomésticos, muebles, indumentaria y vajilla. Horas después, habrían robado las baterías de dos camiones estacionados en otro sector de la localidad.
La Fiscalía calificó los hechos como robo doblemente agravado, por haberse cometido con efracción, en poblado y en banda, en calidad de coautores.
La hipótesis del MPF señala que entre las 4:00 y las 10:30 de la mañana del viernes 6 de junio, los acusados forzaron una ventana del fondo de una casa y lograron ingresar tras abrir una puerta asegurada con pasadores. Una vez dentro, sustrajeron:
-Un aire acondicionado, una bomba de agua, siete ventiladores, una pava eléctrica, un microondas y una plancha
-Tres espejos, cuatro cuadros, seis lámparas, un secador de pelo, una bacha, una grifería y un disco de arado
-Ropa de cama, prendas de vestir, dos sombreros, un tender y numerosa vajilla
Esa misma madrugada, en otro hecho ocurrido entre las 04:00 y 08:00, forzaron dos camiones estacionados en el barrio Centro y les arrancaron las baterías, cables y terminales.
Para resguardar el proceso penal y evitar entorpecimientos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva por 44 días para los cuatro imputados. Tras un cuarto intermedio, la jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido del MPF:
-La mujer y su pareja, ambos con domicilio en San Pedro de Colalao, quedaron alojados en el Servicio Penitenciario.
-En cambio, los jóvenes de 19 y 20 años, con residencia en San Miguel de Tucumán, continuarán el proceso en libertad, bajo reglas de conducta y una caución de $ 2 millones cada uno.
La investigación sigue su curso, con la posibilidad de avanzar hacia una salida alternativa como un juicio abreviado, según adelantó la auxiliar de fiscal González.
