El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condene a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Lo hizo al presentar su recurso de queja ante el máximo tribunal, lo que también más temprano había hecho la defensa de la ex mandataria con el reclamo de su absolución en la causa.
Villar, en su escrito de 10 páginas al que accedió el diario Infobae, mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que ahora acude directamente al máximo tribunal con un recurso de queja.
“La decisión de la CFCP luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal en su presentación ante la Corte Suprema para objetar el fallo de Casación.
Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados.
En su presentación, el fiscal resaltó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal”.
