El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la Patria. La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
En un comunicado, el Gobierno destacó que tanto Seguridad como la Cancillería desplegaron todas las herramientas a su alcance para localizar al ciudadano argentino y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales.
“La actuación de Laborde, lejos de contribuir a resolver la situación, validó sin fundamento alguno las acusaciones del régimen venezolano y menoscabó los intereses nacionales. Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que, al intentar justificar actos de desaparición forzada, se enmarcan en conductas que contravienen los principios de justicia y derechos humanos que nuestro gobierno defiende”, se indicó.
El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, había gestionado una carta de invitación para que Gallo pudiera ingresar al país con fines recreativos, de acuerdo a lo que muestran los documentos. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.
Sin embargo, tras cruzar la frontera el 8 de diciembre de 2024, Gallo fue detenido. Según el relato de su familia, las autoridades le confiscaron su teléfono y equipaje, y posteriormente lo trasladaron en un vehículo sin identificar. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las autoridades venezolanas lo han acusado de espionaje, sin proporcionar información oficial sobre su situación procesal ni las condiciones de su detención.
Acciones legales y diplomáticas en curso
Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, Gendarmería presentó una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inicialmente, un juez federal rechazó la acción, alegando falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado investigar y juzgar crímenes graves como la desaparición forzada, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.
En su resolución, la Cámara destacó que la jurisdicción universal está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 26.200, que implementa el Estatuto de Roma en Argentina. Además, subrayó la gravedad de la situación, señalando que los derechos fundamentales de Gallo, como la vida, la integridad personal y la libertad, estaban en peligro.
La Cancillería argentina informó que, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela, las gestiones se han realizado a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA. No obstante, hasta la fecha, no se logró determinar el paradero de Gallo ni obtener información sobre las acusaciones en su contra.
