El brutal asesinato de Celeste “Chasqui” Judith Moreno, ocurrido en octubre de 2013, parecía condenado a la impunidad. Sin embargo, un sorpresivo giro en la causa evitó que prescribiera y permitió identificar nuevos elementos probatorios claves. La flamante fiscal Paola González Pinto, al asumir recientemente la investigación, reconstruyó la trama del crimen con una nueva perspectiva, y desnudó errores graves de sus antecesores, entre ellos exfiscales que hoy ocupan cargos en el Poder Judicial.
En mayo de este año, y a pocos días de que la causa prescribiera, fue detenido Miguel Ángel “Iguana” Nieva, acusado de haber participado como coautor del crimen. Sin embargo, tras la revisión del expediente y el aporte de nuevos testimonios, se probó que Nieva estaba alojado en el penal de Miraflores al momento del asesinato, por lo cual la fiscal solicitó su inmediata libertad, evitando así una posible condena a prisión perpetua de un inocente.
Actualmente, Nieva ya recuperó su libertad, aunque permanece vinculado al proceso a la espera de resultados clave de ADN que podrían terminar de excluirlo. Las muestras fueron enviadas al Laboratorio de Genética Criminal de la provincia de Jujuy, donde se realizará el cotejo de perfiles genéticos obtenidos de las pruebas halladas en la escena del crimen.
Entre los elementos más relevantes incorporados por la fiscalía, se encuentra el testimonio clave de un interno, quien aseguró haber escuchado a Claudio Antonio “Loco” Argañaraz –principal imputado– manifestar que mató a la víctima porque le había robado droga. Cabe aclarar que no se trata de una confesión directa, sino de una afirmación atribuida a Argañaraz por un compañero de celda, lo cual fue incorporado formalmente al expediente. Un testimonio de peso: el vínculo con el caso de la “cocina” de droga
Uno de los testimonios de gran valía para la Fiscalía surgió durante el cumplimiento de una condena por parte de Claudio Argañaraz (hijo), quien estuvo preso junto a su padre en el marco del resonante caso por narcotráfico, en el que se desbarató una cocina de cocaína que operaba en las inmediaciones del Club Sarmiento, en la zona sur de la Capital. El lugar era utilizado como centro de acopio y elaboración de sustancias ilegales por el llamado clan Argañaraz, desarticulado en su momento tras una importante investigación judicial.
En ese contexto carcelario, un interno afirmó haber escuchado a Argañaraz hijo referirse con naturalidad al femicidio de Moreno, asegurando que la mataron porque les había robado un kilo de droga. Este relato fue rescatado por la nueva fiscal como pieza clave de prueba circunstancial, al estar alineado con otros datos reunidos en la causa.
La víctima, una joven de 20 años en situación de vulnerabilidad, fue encontrada sin vida el 4 de octubre de 2013 en una zona de monte, cerca de la avenida Virgen del Valle. Según la autopsia, murió por “asfixia por estrangulamiento a lazo, asociada a traumatismos múltiples contusocortantes craneofaciales”.
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Moreno fue engañada, subida a un auto y brutalmente golpeada por al menos tres hombres, quienes le exigían que devolviera un kilo de cocaína presuntamente sustraído de un escondite. En un momento del ataque, uno de los agresores habría utilizado un bretel de su ropa interior para estrangularla, dejándola sin posibilidad de defensa.
Además de Argañaraz, están imputados Eduardo “Cacho” Silva, quien era pareja de la joven y que, según testigos, colaboró en su localización, e Ítalo Yamil Agüero, quien habría estado presente durante el crimen y fue quien supuestamente halló el cuerpo.
🟩 La fiscal pide prisión para tres y se espera decisión clave del juez
Ante estos nuevos elementos, la fiscal González Pinto solicitó la prisión preventiva para los tres imputados restantes: Argañaraz, Silva y Agüero. La definición quedará en manos del juez de Control de Garantías N°1, José Santiago Ahumada Franzzini, quien este viernes deberá resolver si con todos los indicios traídos a esta etapa del proceso resulta suficiente para mantenerlos privados de la libertad mientras avanza la causa.
🟦 Errores del pasado que favorecieron la impunidad
El expediente revela una cadena de omisiones y falta de acción por parte de fiscales anteriores, que durante años no impulsaron medidas sustanciales. Entre ellos se encuentran Abel Sago, actual juez de Garantías, y Juan Pablo Morales, quien recientemente renunció como camarista en medio de sospechas de coimas. La inacción de ambos permitió que el caso se estancara durante más de una década, a pesar de contar con indicios iniciales de su gravedad.
🟨 Un nuevo rumbo fiscal
La actual fiscal González Pinto, en poco tiempo, logró enhebrar testimonios sueltos, revisar contradicciones y documentar pruebas fundamentales que habían sido pasadas por alto. Su trabajo no solo permitió avanzar con firmeza contra los responsables, sino que evitó la condena injusta de un imputado que ya había sido detenido, y que solo recuperó su libertad por la labor precisa y reciente del Ministerio Público Fiscal.
Fuente: Catamarca en Cana
