El fiscal de Instrucción Nº 6 de Misiones, René Casals, explicó que se trata de un delito de peligro por la propagación de enfermedades y que la decisión busca preservar la salud pública. El juez ordenó la internación inmediata como medida de seguridad, pues transitan la etapa activa de la tuberculosis. En los próximos días deberán declarar ante la Justicia.
Casals confirmó que la Justicia ordenó la internación de cuatro personas diagnosticadas con tuberculosis que se negaron a cumplir el tratamiento médico. Según explicó, la medida se tomó para evitar la propagación de la enfermedad y preservar la salud de la población.
“Estamos en presencia de una enfermedad peligrosa de probabilidad epidemiológica y de fácil propagación. Una cosa es la libertad de una persona que tiene una enfermedad no contagiosa, pero cuando ya afectó a su grupo familiar y se niega al tratamiento, se debe ordenar la internación como medida de seguridad, porque principalmente ya se han contagiado menores de la misma familia”, sostuvo.
El fiscal remarcó que el caso se enmarca en un delito previsto en el Código Penal: “Quien propague dolosamente una enfermedad puede ser penado. Ahora se deberá acreditar si lo hicieron con dolo eventual o por desinterés. En cualquier caso, se trata de una conducta que asusta a muchísimas personas y pone en riesgo a la sociedad”.
Casals precisó que la enfermedad en cuestión es la tuberculosis, la cual “está controlada, pero este tipo de casos generan preocupación porque se reactivan enfermedades que se consideraban contenidas”.
Por ello “epidemiológicamente resulta necesario accionar rápido para evitar cualquier tipo de foco infeccioso. Este es un delito de peligro que no requiere un resultado efectivo, el simple incumplimiento ya pone en riesgo a la sociedad”.
Consultado sobre la situación de las cuatro personas, que según trascendió se trataría de dos mujeres y dos hombres, el fiscal señaló. “Ya están identificadas y fueron trasladadas al Baliña, al centro de enfermedades de propagación. Están detenidas porque se negaron a cumplir con la medicación, a pesar de que se trata de un tratamiento que no es complejo. Es una etapa activa de la enfermedad, lo que facilita la propagación, por eso la urgencia de la medida”.
“No se trata de respetar solamente la decisión de cada uno, sino de cuidar la salud de la población. Ante una actitud rebelde y negativa al tratamiento, el juez ordenó inmediatamente la detención”, remarcó.
Finalmente, el fiscal recordó que esta figura penal se extiende a otras enfermedades contagiosas. “Es aplicable a cualquier enfermedad que pueda alcanzar el carácter de epidemia. Una persona que sabe que tiene una enfermedad y, aun así, manifiesta desinterés en comunicarlo o tratarse, pone en riesgo a los demás. Puede ser el HIV u otra dolencia similar. Esa conducta puede estar penada con reclusión de 3 a 15 años”.
