Mientras el reclamo por la inseguridad crece en los principales centros urbanos del país, el Gobierno nacional acelera con la segunda fase del plan con el que pretende involucrar a los intendentes para desarticular bandas de crimen organizado y reducir la tasa de asesinatos.
Patricia Bullrich coordina el despliegue de personal de inteligencia de las cuatros fuerzas federales en 16 municipios/conglomerados donde vive el 15 por ciento de la población total del país, pero donde se producen uno de cada tres homicidios intencionales.
Brigadas de investigación e Inteligencia de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura y del Servicio Penitenciario se desplegarán y trabajarán de manera coordinada en la capital santafesina, Villa Gobernador Gálvez y Rosario; en Santa Fe; en Córdoba y Gran Córdoba; en San Miguel de Tucumán; en Mendoza capital y en las localidades aledañas de Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras; y en Moreno, Esteban Echeverría, San Martín, Tres de Febrero y General Pueyrredón, en el conurbano bonaerense.
Habrá agentes disponibles para patrullar los distritos, como reclaman los intendentes -sobre todo los del conurbano bonaerense- pero las fuerzas estarán dedicadas esenciales a áreas de investigación y de inteligencia. “No tiene sentido que las fuerzas especializadas patrullen. Tenemos estudiadas e identificadas a 200 bandas solo en Buenos Aires”, consignan cerca de la ministra de Seguridad.
En cada uno de los conglomerados señalados la problemática de los asesinatos está vinculada a una tipología de delito distinta. En las localidades santafesinas donde la tasa de homicidios cuadruplica a la nacional (3.8 cada 100 mil habitantes en 2024), operan las bandas narco que sacan la droga por la Hidrovía; en Córdoba y Tucumán trabajan los distribuidores de las organizaciones que operan en Orán (Salta) a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. En Mendoza, hay bandas dedicadas al contrabando ilegal desde Chile y en el AMBA hay, además de cada vez más presencia narco, aceitadas bandas de ladrones y reducidores de automóviles.
En lo sucesivo se sumarán otros distritos. El ministerio de Seguridad identificó los 193 municipios, que equivalen al 10 por ciento del país, donde vive el 70 por ciento de la población del país y donde ocurren el 90 por ciento de los homicidios dolosos. La Ciudad también será parte del programa.
La estadística le da nombre al programa 90/10, que después de la etapa de diseño que empezó en agosto, ya empezó con la segunda fase: la de implementación que se sirvió de las mesas de trabajo con las autoridades provinciales que encabezaron la ministra Bullrich; la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Alejandra Monteoliva; y Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal.
La política también pesa. Desde el Gobierno señalan que fueron los secretarios de Seguridad de cada distrito los que recomendaron por qué municipios comenzar. Funcionarios que participan de la implementación del programa sostienen que la gobernación bonaerense decidió no incluir en la primera fase a La Matanza, el municipio más poblado de la Provincia, gobernado por Fernando Espinoza. Lo mismo ocurre con Lomas de Zamora, a cargo de Federico Otermin, delfín de Martín Insaurralde.
Más allá de la polarización política y del plano electoral, Bullrich y sus delegados tienen “muy buena sintonía” con el ministro bonaerense Javier Alonso.
“Trabajamos sobre un mapa del delito de las bandas criminales. Si los intendentes quieren ayudarnos, nosotros trabajamos con la Inteligencia de las fuerzas y del Servicio penitenciario. Nosotros trabajamos sobre un trabajo de extirpación de las bandas. Por eso necesitamos la ley antimafia”, destacan en el equipo de Bullrich.
El proyecto de ley mencionado es parte del temario que el Ejecutivo envió al Congreso para tratar en las sesiones extraordinarias que comenzaron formalmente el lunes pasado, aunque todavía no hubo actividad parlamentaria.
La iniciativa que Bullrich presentó en marzo del año pasado y nunca se debatió en el Congreso otorga beneficios procesales a los eslabones más chicos de la cadena vinculada al crimen organizado que colaboren.
