“Después de muchas batallas hemos logrado que se trate la ley Nicolás”. El entusiasta audio de la senadora Edith Terenzi le había llegado en estos días al diputado Fabio Quetglas, primer impulsor de una normativa que estuvo a punto de perder estado parlamentario pero que este jueves logró ser sancionada: se trata del primer encuadre legal de la Argentina para la llamada seguridad del paciente, concepto que muchos eligen seguir llamando livianamente “ley de mala praxis médica”.
Arrancando el último cuatrimestre de 2025 y cuando la Justicia Federal investiga 96 muertes de un total de 127 presuntas víctimas por la administración de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a los antibióticos, son llamativos los tiempos larguísimos que vino surfeando esta ley en homenaje a las víctimas de la inseguridad hospitalaria y de los entornos de salud deficientes por las precariedades presupuestarias y de infraestructura en los entornos de salud; todas condiciones que los propios profesionales de la salud también padecen.
Pasaron más de tres años desde que la ley Nicolás logró estado parlamentario, en julio de 2022. Tras obtener media sanción en Diputados, la cosa parecía marchar, y de hecho tres días antes del cambio de mando presidencial, en diciembre de 2023, el proyecto ingresó, auspicioso, por mesa de entradas al Senado.
Pero ahí quedó (no tan lejos de cumplir dos años de espera) hasta este jueves. Clarín anunció en agosto de 2024 que la ley no terminaba de ser suficientemente interesante como para que la cámara revisora le hiciera un lugarcito en su atormentada agenda fiscal. Los plazos todavía eran holgados pero no infinitos: en febrero de 2025, o sea, seis meses después, la normativa perdería estado parlamentario.
¿Por qué no cayó? Así lo explicó Quetglas a Clarín, en alusión a un segundo proyecto de ley sobre el mismo tema, que -luego del suyo- elaboró la diputada Mónica Macha: “El Senado tomó un criterio interpretativo distinto, por el que, la vigencia de los dos años del estado parlamentario fue contado desde la introducción del último expediente que se incorporó al dictamen. Como el expediente de Mónica Matcha que se adosó y sobre el cual se consolidó un texto único fue un año posterior al mío, se tomó como referencia ese momento, y con eso se pudo ampliar otro año la duración del estado parlamentario. Ese criterio interpretativo es importante y va a sentar jurisprudencia”.
Ley Nicolás: del criptogate al costo fiscal cero
Pero en febrero pasado nada de eso se sabía. Los involucrados de la ley temían que todo el esfuerzo realizado desde 2017, con la muerte de Nicolás Deanna, el joven de 24 años que murió luego de que un grupo de médicos le diagnosticara alergia cuando tenía meningitis (y en quien se inspira el rótulo “ley Nicolás”), se tirara por la borda.
El verano de 2025 llegó, y con él, las novedades del criptogate, que patearon en segundos cualquier otra discusión importante de la agenda pública. Esto, más allá de que la senadora Edith Terenzi pujaba en el Senado para que se le hiciera un lugar a la seguridad del paciente en sesiones extraordinarias.
Sin embargo, el 17 de febrero ocurrió otro revés. A días de que la media sanción cayera y cuando era evidente que el Senado no la trataría, el ministro de Salud, Mario Lugones, dejó claro que no apoyaba la sanción de una normativa como esta, más allá de que sus impulsores aseguraran (en base a un estudio de la Oficina de Presupuesto del Senado que así lo ratificaba) que la ley tenía “costo fiscal cero”.
Esos impulsores eran, por un lado, los propios Quetglas y Macha, pero también Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás, quien (como Quetglas) llegó a reunirse con el ministro de Salud Mario Lugones.
El funcionario les aseguró que favorecería mejoras en las condiciones que conllevan a la inseguridad de los pacientes en los entornos de salud, pero dejó claro su rechazo a este tipo de normativas. Hay quienes consideran en este punto la tendencia antirregulatoria del ministro y también su filiación con un sector de los médicos que teme el inicio de una suerte de “caza de brujas”.
El verdadero costo de la salud
Pero, como explicó Covelli a este medio, “la ley básicamente propone sumar dos solapas al sistema SISA, donde las instituciones puedan asentar los eventos adversos que se producen. Si hay un gasto, es obviamente mucho menor que los gastos que genera enmendar errores permanentemente o afrontar los gastos judiciales por mala praxis”.
“Registrar eventos adversos no sólo implica registrar mala praxis en donde ya existe un daño sino aquello que pudo producirlo, más allá de que no haya ocurrido. Se registra en el SISA para aprender”, explicó.
Hace unos meses, Quetglas planteaba un paralelismo interesante, que amerita rescatar: “Los médicos dicen que el 95% hace las cosas bien. De los conductores de vehículos se puede decir lo mismo, pero en vialidad nadie duda de que se precisan normas claras para el resto: ese 5% nos puede matar a todos”.
“Cuando nos reunimos, Lugones me dijo una cosa con la que no puedo no coincidir: que leyes puede haber muchas pero el tema es el control. Yo le contesté lo siguiente”, dijo, y cerró: “Que es cierto, pero el que controla también precisa un marco para controlar”.
Pesquisa neonatal
En la jornada de este jueves el Senado también le dio media sanción a la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) en la pesquisa neonatal, un reclamo que los familiares de los pacientes con esta enfermedad vienen reclamando desde hace tiempo. Ahora deberá ser tratada en Diputados.
La AME es una enfermedad genética que ataca los músculos voluntarios, es invalidante y su detección precoz es clave para poder medicarla, de manera que los que la sufren logren evitar que avance el deterioro que produce esta patología. Sin medicación, es una enfermedad que en los casos más graves puede ser mortal.
