El Gobierno libertario tomó la decisión de separar a Carla Porta del cargo de Coordinadora del Registro Nacional de las Personas (Renaper) NOA Tucumán. La decisión fue confirmada a Tendencia de Noticias luego de que Tendencia de Noticias publicara que la funcionaria fue imputada en una investigación judicial por presunta defraudación a la Caja Popular de Ahorros (CPA).
Este jueves, TDN dio a conocer que la Justicia provincial abrió una investigación para determinar si un grupo de abogados participó de un fraude contra la Caja. Mediante la operatoria, según la denuncia, se presentaban juicios de amparo con información falsa para acceder a indemnizaciones indebidas, en particular durante los años de la pandemia de coronavirus.
En base a la apertura de investigación, el fiscal Diego Sebastián Hevia imputó a los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval, Mariana Pérez Lucena y a Porta, ex dirigente del PRO, actual militante de La Libertad Avanza y coordinadora Renaper NOA Tucumán. “El ilícito denunciado consiste en la presentación de reclamos para el cobro de indemnizaciones por siniestros derivados de enfermedades laborales, en el particular covid 19, a los cuales los reclamantes, conforme surge de las evidencias aportadas por la CPA no tendrían derecho. La conducta delictiva se habría materializado a través de la falsificación de instrumentos y la presentación de información inexacta con el fin de inducir a error a la Caja, y así intentar obtener un beneficio económico indebido, lo que habría configurado un perjuicio patrimonial para la entidad. Es en virtud de ello que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación agravada en concurso ideal con falsificación de instrumentos públicos”, relató el fiscal en el escrito de imputación.
Los cuatro letrados fueron imputados, bajo calificación legal provisoria, por defraudación agravada y falsificación de instrumentos públicos, según consta en el decreto de apertura de la investigación firmado el 12 de agosto.
La denuncia fue impulsada por el interventor de la Caja Popular, José Díaz, quien además asumió el rol de querellante en la causa. Según Díaz, en la institución con sede en San Martín 469 se detectó “la realización de maniobras ilícitas” perpetradas “con la finalidad de percibir el pago de siniestros de ley de riesgos del trabajo a los que tenían no tenían derecho”. “Sumado a ello, pretenden percibir diferencias que no han sido dispuestas por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”, advirtió el interventor de la Caja.
Detalló que se recibieron en la ART “reclamos por siniestros”, y “todos provendrían de un mismo estudio jurídico” con una serie de “irregularidades”, que incluyen “hisopados falsos” y casos en los que “los empleadores (…) declaran que el trabajador no había estado (en funciones) en la fecha del contagio”. Remarcó luego que “todos los siniestros, objeto de la presente denuncia, corresponderían a un solo estudio jurídico: Sandoval & Campero”. El abogado de la institución, Juan Manuel Bernal, dijo a Enterate Noticias que el monto de la presunta defraudación ascendería a más de $ 5.600 millones.
Fuente: Contexto Tucumán
