Durante 2025 muchas provincias renovarán de forma total o parcial sus legislaturas locales, al igual que lo harán las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. En ese contexto, nos preguntamos: ¿cuánto cobran quienes integran las legislaturas provinciales del país? Un relevamiento de Ruido —medio aliado de Reverso, proyecto coordinado entre Chequeado y AFP— para la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI) permitió elaborar un ranking del salario de legisladores de las 24 provincias del país.
Antes que nada se debe aclarar que puede haber legisladores de la misma provincia que ganen más o que ganen menos que las cifras relevadas, ya que existe una gran dispersión con relación a los ítems que componen el total de la remuneración. De acuerdo con el relevamiento, los diputados de Santa Fe cobran cada mes $8,5 millones netos (es decir, salario de bolsillo, con los descuentos ya realizados) y son los legisladores provinciales con mejores ingresos. Le siguen los diputados de Neuquén ($6 millones) y de la provincia de Buenos Aires ($5,6 millones). En el otro extremo, los diputados de Chaco son los que menos cobran por su labor: $1 millón. Le siguen los de La Rioja ($1,5 millones) y Formosa ($1,8 millones).
Con el salario mínimo vital y móvil como parámetro, que es de $317.800 a partir de julio, un diputado santafesino cobra casi 27 salarios mínimos, mientras que, en el otro extremo, uno de Chaco recibe poco más de 3. En promedio, en base a todos los recibos relevados, los legisladores provinciales cobran unos $3,9 millones, lo que equivale a 12,4 sueldos mínimos.
Cómo se hizo el relevamiento
Para realizar este informe se tomó un caso testigo de cada provincia con base en el último recibo de sueldo disponible (abril/mayo 2025). Para elaborar el ranking se contempló el salario neto (es decir, el sueldo de bolsillo, luego de los descuentos) de cada legislador como el dato más fiel de lo que perciben en cada una de las provincias. Se optó por el neto y no por el “básico”, ya que en muchos casos ese ítem o el de “dieta” implican una cifra simbólica, mientras que el grueso del salario aparece bajo otros ítems como “gastos de representación” o “adicional especial por función”, entre otros nombres similares.
El ejemplo más notorio es Chaco, donde la “dieta” pura es de $1.735, mientras que los “Gastos de Representación” superan el millón de pesos. Si el ranking toma en cuenta sólo el “básico” o “dieta” (sin descuentos), los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires encabezan la lista con $6,9 millones, seguidos por los diputados de la provincia de Buenos Aires, con $6,6 millones, y los de Neuquén, con $6,1 millones. En contrapartida, Chaco ($1.735), Santa Cruz ($282.982) y La Rioja ($658.460) son los que tienen básicos más bajos.
Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la organización Directorio Legislativo, advirtió por “la falta de un estándar a nivel nacional que defina cuáles son los componentes de las dietas de los legisladores, o cuánto tiene que ser el valor del módulo”. Y explicó: “Es muy difícil de implementar porque cada Legislatura se compone de distintas maneras. Cada realidad provincial, cada contexto económico, cada cultura política son diferentes en las provincias”.
Dispersión de ítems y conceptos en los recibos
Como ya se mencionó, el neto incluye adicionales por antigüedad, título, zona y otros conceptos que no sólo varían según la provincia, sino según la condición personal de cada legislador: si tiene un título o no, si tiene antigüedad en la administración pública, el lugar donde vive, etc. De la información relevada, 11 provincias incluyen, por ejemplo, el ítem de antigüedad: Santa Fe, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, La Rioja, San Luis, La Pampa, Chaco y Jujuy.
En esos casos, se contemplan los años de trayectoria desde el ingreso del legislador a la administración pública; es decir, no su antigüedad como legislador/a sino como empleado/a en el sector público. Las que incluyeron el título como adicional fueron Chaco, Formosa, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Otros ítems que no todas las Legislaturas incluyen en los recibos de sueldo son aquellos conceptos por “zona desfavorable” y “traslados”.
Neuquén, Chubut, Salta, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz los tienen registrados, pero en otras provincias estos conceptos aparecen como “otros ítems” o bien se perciben por fuera de la dieta de manera informal, como vales de combustible o gastos de bloque, entre otras denominaciones. Ruido no pudo acceder a la información del salario de los senadores provinciales de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (aunque en todos los casos hay datos de sus diputados), ni a los de los diputados de Mendoza. La mayoría de los consultados ofrecieron su recibo y permitieron mostrarlo a cambio de no ser identificados. Muchos otros se negaron a difundirlo, y en algunos casos sólo se consiguieron los datos, sin el recibo.
“El acceso a este tipo de información es de relevancia porque interesa a la ciudadanía y transparenta a las legislaturas y su administración”, sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. El especialista explicó que “la disparidad viene de que cada provincia y legislatura decide sobre sus presupuestos”, y que “si bien los legisladores tienen que ser remunerados de acuerdo a su responsabilidad, siempre hay que tener en cuenta el contexto económico tanto en Nación como en las provincias. En resumen, deben ser bien pagos pero teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa nuestro país”.
Según Krahl, “es notoria la falta de acceso a la información vinculada a ese tema”. E instó a que “se ponga el ojo público en cuánto es lo que perciben, sin que eso signifique hacer un juicio de valor sobre si tienen que cobrar más o menos, pero poniendo las cartas sobre la mesa. Y entonces se podrá dar esa discusión”.
Es importante recordar que casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en la Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado. Así lo reveló una investigación de Ruido y de Poder Ciudadano realizada el año pasado.
Esta nota es parte de Reverso , el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP y del que participa El Ancasti para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.
Fuente: Clarín – Chequeado
