De esto casi no se habla. Tiene características de pandemia, pero incluso hay protocolos que prohíben la difusión pormenorizada de los casos de suicidio, que sin embargo provocan más muertes que los siniestros viales o ciertas enfermedades de amplia cobertura. El suicidio se oculta, y no parece, a la luz de las estadísticas conocidas por estos días, que sea una política efectiva o que ayude a disminuir los casos, que mayormente llegamos a intuir que existen, por deducción de lo que trasciende en las redes sociales, aunque también tímidamente.
En lo que va de 2025, hubo más de 60 suicidios, la mayoría en personas jóvenes. Y decenas de internaciones por cuadros graves de salud mental, revelando una problemática creciente que exige respuestas urgentes.
Quien parece haber tomado la posta de manera firme para el abordaje de esta temática, es el diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR) quien presentó el proyecto de ley “Salud Mental Más Cerca”, que propone la creación de un programa de telemedicina especializada en salud mental, para garantizar atención psicológica y psiquiátrica en todo el territorio provincial, con foco en las zonas rurales y de difícil acceso.
Marchioli considera que “hoy, en Catamarca, no hay igualdad de oportunidades para pedir ayuda. El que vive lejos o no tiene recursos, simplemente no llega. Esta ley busca cambiar eso”. La iniciativa apunta a la creación de consultorios virtuales, la contratación de profesionales especializados, la capacitación obligatoria del personal de salud y la adecuación tecnológica de los CAPS con conectividad garantizada.

A raíz de proponer este debate en Catamarca, se pudo conocer que nuestra provincia presenta una de las tasas de suicidio más altas del país, con 12,5 muertes cada 100.000 habitantes. La cifra suena más escalofriante si se destaca que cada semana, cuatro catamarqueños se quitan la vida y cerca del 80% son jóvenes. Es alarmante la estadística, pero no se trata solamente de números, sino de seres humanos sin contención emocional. y el diputado entendió la urgencia de hacer algo desde la política del Estado: “No alcanza con tener profesionales. Hay que conectar con quienes necesitan ayuda. Y hay que hacerlo ya. Cuidar la salud mental es salvar vidas. Y cada vida importa”, sostiene.
Por eso se concreto hace pocas horas la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, junto a la ministra de Salud y autoridades del área de Salud Mental de la provincia. Se compartieron datos preocupantes y se coincidió en que uno de los principales desafíos es lograr que quien sufre pueda vincularse con el sistema de salud: “Las propias autoridades reconocieron que la comunicación del sistema es obsoleta, tradicional e ineficaz. Hay que llegar a la gente donde está y utilizando todas las herramientas ya sea mediante redes o entre pares”, propone Marchioli.
Nada nuevo, y nada se hizo
Las cifras que destacan a Catamarca entre las provincias más golpeadas por el suicidio de niños o adolescentes, no son nuevas. Un informe de Unicef en Argentina, ya en junio de 2019 señalaba que los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. La cifra ascendía a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años, y ese 2019 constituía la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años, según el estudio “Suicidio en la adolescencia. Situación en la Argentina” presentado por UNICEF Argentina.
En informe agregaba que “a pesar de que los datos sobre tentativas de muerte por voluntad propia muestren que las mujeres tienen más intentos que los hombres, existe una mayor cantidad de decesos entre los varones. Los comportamientos culturales atribuidos al género masculino tales como menor tendencia a comunicar sus problemas y a reconocer que necesitan ayuda o que tienen dificultades, lleva a los varones a concretar las acciones de manera más frecuente que las mujeres. Además, tienden a usar métodos más letales como ahorcamiento o la utilización de armas de fuego”.

Y ahí aparecía Catamarca también, cuando señalaba el informe que “las tasas de mortalidad autoprovocada entre 2015 y 2017 en las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, son 10 veces más alta que las tasas en el resto del país“.
El estudio que presentó UNICEF aquella vez, indicaba que los datos del disponibles en los certificados de defunción sólo permiten analizar el nivel de educación de los y las adolescentes. En esos datos se observan mayores tasas de suicidio entre los chicos y chicas que tienen menores niveles de educación. “Este dato indica un vínculo entre eventos relativos al suicidio y grados de vulneración social”, afirmó Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF: “Es necesario implementar políticas públicas preventivas e implementar la capacidad de las personas adultas que integran escuelas, servicios de salud, servicios de protección, fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias para que tengan las herramientas necesarias para contener y brindar asistencia”, destacó.
Es importante recalcar, que el procedimiento de registro de las muertes por suicidio aún es deficiente. Requiere de mayor articulación y acuerdo en los criterios de codificación entre los diversos actores institucionales e individuales que intervienen para garantizar el registro de casos. Es necesario conectar los certificados de defunción con las historias clínicas, de manera de mejorar los datos sobre causa de muerte, y crear un registro electrónico unificado con distribución de la información para los diferentes organismos, respetando los criterios éticos de confidencialidad, anonimato y fuertes normas de resguardo de la información.