El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron la Resolución Conjunta 3/2025, que implementa el “Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos”. La medida tiene carácter obligatorio para todas las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan como Policía Auxiliar Migratoria, así como para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones.
El protocolo establece procedimientos coordinados para la prevención del delito de trata de personas, la identificación de posibles víctimas en etapa de captación, traslado o transporte, y la detección de tratantes. Además, prevé pautas de actuación conjuntas entre los distintos organismos para garantizar una respuesta uniforme en los pasos fronterizos, tanto terrestres como fluviales y aéreos.
Según la resolución, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, junto con la Dirección Nacional de Migraciones, serán responsables de monitorear la implementación del protocolo. Entre las acciones previstas se incluyen la difusión del instrumento, la actualización periódica, la conformación de mesas de trabajo de seguimiento y cualquier otra medida necesaria para asegurar su aplicación efectiva.
El protocolo fue elaborado en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones a través del Programa EUROFRONT, con la participación de áreas específicas de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como con la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y las direcciones nacionales de Control de Fronteras e Hidrovías y de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad.
La resolución establece el carácter reservado del anexo del protocolo y aclara que su implementación no implica erogación presupuestaria adicional. La norma se fundamenta en la Ley de Ministerios Nº 22.520, la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, la Ley de Migraciones Nº 25.871, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26.842, entre otras disposiciones legales nacionales y tratados internacionales ratificados por la Argentina.
El Ministerio de Seguridad destacó que la medida busca consolidar una política de Estado orientada a la prevención del delito, la cooperación entre organismos de seguridad y migraciones, y la protección de personas en riesgo durante el tránsito migratorio. El protocolo reemplaza al instrumento aprobado en 2012 y adapta las pautas de actuación a las nuevas modalidades y dinámicas del delito, considerando su carácter complejo, organizado y de alcance intra e internacional.
