El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes con el propósito de que el Poder Ejecutivo provincial a través de los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo den explicaciones sobre hechos de enorme gravedad que involucran a Catamarca y que colocan en el centro de la escena dos cuestiones sensibles: la salud pública y el uso de recursos estatales en manos de empresarios cuestionados.
Por un lado, la droguería HLB Pharma, cuyo titular Ariel García Furfaro fue recientemente detenido por la Justicia Federal por su participación en la producción y distribución de fentanilo adulterado que provocó la muerte de más de un centenar de personas en el país. En Catamarca, se confirmó el secuestro de lotes en sanatorios privados, pero hasta hoy no se informó cuáles son los establecimientos, generando una escandalosa falta de transparencia.
“Es inadmisible que la sociedad catamarqueña no sepa en qué instituciones de salud fueron secuestrados los lotes contaminados. Se trata de la vida de pacientes y de la confianza en el sistema sanitario”, advierten desde la UCR. En ese sentido, los legisladores recuerdan que la sospecha sobre la posible vinculación de esos sanatorios con la familia del gobernador Raúl Jalil “no hace más que agravar la situación y profundizar la desconfianza hacia las autoridades provinciales”.
Por otro lado, el mismo grupo empresario resultó beneficiado en la provincia con un subsidio millonario de $350 millones para la firma Camino (ex ALCO), en un contexto donde otros emprendimientos como Textilcom y Mom Sport dejaron a empleados en la calle con meses de salarios adeudados, sin control ni garantías del Estado. Estos casos no son hechos aislados: conforman un modelo sistemático de subsidios a empresas inescrupulosas y corruptas, que se financian con la plata de los catamarqueños mientras los trabajadores terminan en la desprotección total, con salarios de miseria y caídas del consumo local de alrededor del 30%.
Los diputados radicales remarcan que “este doble estándar del Gobierno es insostenible: mientras se entregan cientos de millones a empresarios sospechados, se abandona a trabajadores que esperan respuestas desde hace meses”.
“El gobierno nacional falló en los controles, el gobierno provincial oculta información, y juntos son responsables de una trama de corrupción que mata. Subsidios, connivencias y complicidades: son lo mismo. Este modelo de negocios y privilegios deriva en la muerte, en la impunidad y en más pobreza para los catamarqueños”, sostienen los legisladores, apuntando a una realidad preocupante que abarca a lo político y particularmente pone en peligro a toda una sociedad.
Finalmente, desde la UCR adelantaron que impulsarán en la Legislatura la convocatoria a la ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo, y al ministro de Desarrollo Productivo, Leandro Zeballos, para que expliquen por qué en Catamarca se subsidia a empresarios corruptos y vinculados a causas judiciales mientras se ocultan datos de sanatorios privados y se abandona a miles de trabajadores.
“Queremos que los ministros den la cara en el recinto, ante la sociedad catamarqueña. No alcanza con comunicados ambiguos: la salud de la gente y el futuro de los trabajadores están en juego”, concluyeron los diputados de la UCR.
El caso deja al descubierto un grave escenario a partir de que cuando el silencio oficial se convierte en norma, la complicidad se transforma en política de Estado.
