La Justicia comenzó a investigar el ingreso de un vuelo privado de Leonardo Scatturice, empresario cercano al gobierno y dueño de Flybondi, que aterrizó en Buenos Aires el 26 de febrero con 10 valijas que no pasaron por los controles de aduana correspondientes.
El jet privado de la empresa Royal Class, propiedad de Scatturice, arribó a Aeroparque Jorge Newbery con pasajeros que no fueron sometidos a la revisión de equipaje. La situación ha generado sospechas de un posible caso de contrabando, lo que llevó a una investigación judicial.
El vuelo, que partió de Miami con la pasajera Laura Belén Arrieta y dos tripulantes, no pasó por los controles de equipaje pese a que el resto de los pasajeros sí fueron sometidos a ellos. Según el dictamen de los fiscales, “el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.
Los fiscales también detallaron que durante el aterrizaje, la pasajera Arrieta exhibió un comportamiento “inusual” al bajar del avión con un teléfono celular, el cual fue entregado a una agente de la Aduana, lo que ha generado más interrogantes sobre la situación.
El Ejecutivo había sido consultado sobre este incidente, y el vocero presidencial Manuel Adorni había asegurado que “la persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño”. Sin embargo, las grabaciones y pruebas obtenidas por la Justicia contradicen esta versión.
La Justicia también ha señalado que el avión, durante su permanencia en el hangar de Aeroparque, no fue monitoreado de manera continua. Según las imágenes y las grabaciones de la Policía Federal, se observó que el avión estuvo parcialmente cerrado sin un “aval oficial”, lo que pone en duda el procedimiento de control.
Por su parte, la empresa COC Global, propietaria del avión, negó cualquier irregularidad y explicó que el vuelo cumplió con todos los controles migratorios y aduaneros correspondientes. Aseguraron que el avión fue “cerrado con llave” en un hangar videovigilado y que no hubo “ninguna irregularidad ni falta de controles”.
