La decisión de Karina Milei de retirar la medida cautelar que impedía la difusión de audios atribuidos a su persona, supuestamente grabados en la Casa Rosada, se produjo tras una ola de rechazos provenientes de entidades periodísticas, abogados y otros sectores que consideraron la restricción como un acto de censura previa.
En su presentación ante el juez que había concedido la cautelar, la funcionaria y hermana del presidenta Javier Milei afirmó que los audios divulgados no comprometen la seguridad nacional ni la intimidad de su familia, y recordó que ya existe una causa penal en curso sobre el asunto. No obstante, sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y con el objetivo de desinformar y causar daño político y personal.
El Gobierno argentino denunció ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia destinada a grabar conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, con la intención de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó el hecho como una “maniobra golpista” y precisó que la denuncia se presentó luego de que el viernes anterior se difundieran los audios de la funcionaria.
