Una de las organizaciones narco más resonantes de los últimos años en Catamarca comenzó a ser juzgada en el Tribunal Oral Federal. Se trata de la llamada “banda de los camellos J”, integrada por diez personas, entre ellas Jacobo Eliseo Jiménez, conocido como el “Niño J”, su padre, varios colaboradores y tres agentes penitenciarios que habrían facilitado el ingreso de droga al penal de Miraflores.
La estructura de la banda
La investigación se inició en 2021, cuando se detectaron maniobras de narcotráfico vinculadas al penal. Según la acusación, la droga se trasladaba desde Tucumán en vehículos particulares. Parte del cargamento terminaba dentro de la cárcel, gracias a un complejo sistema en el que incluso internos eran utilizados para introducir los estupefacientes.
El “Niño J”, de 31 años, está sindicado como líder junto a su padre, Mario Roque Jiménez, de 61. En la cadena de transporte también aparecen un chofer, un taxista y otros colaboradores. Pero el punto más sensible de la causa es la imputación contra tres guardiacárceles: Lucas Brandán, Jorge Valdez y José Molina, acusados de encubrir y garantizar la circulación de la droga dentro de la prisión.
Reconocimientos y negaciones
En la etapa de instrucción, algunos integrantes de la organización reconocieron su participación en los hechos, entre ellos el propio “Niño J”. Otros se abstuvieron de declarar, mientras que los penitenciarios negaron todo vínculo con la banda y ahora intentan despegarse de las acusaciones.
Operativo clave
Uno de los golpes más importantes a la organización se produjo en 2022, en un control en El Portezuelo, Valle Viejo. Allí, una pareja que viajaba desde Tucumán fue interceptada y llevaba cápsulas con droga ocultas en un preservativo, además de dinero, celulares y balanzas de precisión. Ese procedimiento terminó de confirmar la ruta de ingreso de estupefacientes y derivó en la caída de la banda.
Un viejo conocido
El “Niño J” ya era un nombre conocido en la crónica policial. En 2013 protagonizó una fuga del Servicio Penitenciario, donde estaba preso por delitos contra la propiedad. Fue recapturado y condenado, pero su historial delictivo siguió acumulando capítulos hasta desembocar en el actual juicio por narcotráfico.
El debate
El proceso que ahora comienza pondrá en el banquillo a los diez acusados. La fiscalía sostiene que existió una organización criminal con tareas perfectamente distribuidas para garantizar el traslado y la venta de droga, incluso dentro de una institución que debía combatir el delito.
El veredicto, cuando llegue, no solo definirá la suerte del “Niño J” y su entorno, sino también el impacto que tendrá sobre el Servicio Penitenciario Provincial, donde la sombra de la connivencia con el narcotráfico sigue siendo una herida abierta.
