El Gobierno del presidente Javier Milei planea proponer en el Congreso la “eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, según reveló una fuente de la Casa Rosada.
La intención del Poder Ejecutivo es adoptar un modelo similar al estadounidense, donde son los seguidores de los partidos quienes financian sus estructuras con sus propios recursos. En el entorno del presidente, consideran que esta medida es fundamental “para transparentar los gastos de la política” y se alinea con “la lucha contra las castas que llevamos adelante”. La propuesta se contempla dentro del debate sobre el presupuesto para 2025.
Se espera que la recepción de esta propuesta por parte de los legisladores genere una gran polémica. En medios oficiales, se especula que parte del recorte en el financiamiento a los partidos podría destinarse a aumentar el presupuesto universitario.
Cabe recordar que el Ejecutivo ya había expresado su intención de eliminar las PASO, que en las elecciones pasadas costaron 10.618 millones de pesos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció recientemente que “no nos dan los números” para conseguir los votos necesarios en el Congreso para suprimir las primarias el próximo año.
En cuanto al presupuesto, se menciona que “las conversaciones marchan bien” y se confía en que finalmente sea aprobado. Respecto a las jubilaciones, el Gobierno sigue rechazando la recomposición del 8% que proponen otras fuerzas, aunque se abre la posibilidad de analizar una suma por única vez. En fuentes oficiales se asegura que “todo está en la mesa de negociación” y que el objetivo es “eliminar, disminuir o modificar partidas, pero sin comprometer el equilibrio fiscal”.
En el último presupuesto aprobado, correspondiente al año 2023, se asignaron 48.500 millones de pesos al Ministerio del Interior para el Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad, lo que equivale a aproximadamente 164 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Los partidos políticos tienen dos fuentes de financiamiento para sus actividades. La primera es el sector público, que proporciona fondos regulares del Estado Nacional. La ley 26.215 establece que el Estado debe distribuir dinero equitativamente entre todas las alianzas para la impresión de boletas. En las actividades de campaña, el 50% de los fondos se reparte equitativamente y el otro 50% según los votos obtenidos en la última elección.
La segunda fuente es el financiamiento privado, que proviene de afiliados, donaciones y otras actividades, aunque con restricciones. No pueden recibir contribuciones anónimas ni fondos de entidades gubernamentales o empresas que contratan con el Estado.
La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública donde se registran todos los aportes formales. Sin embargo, especialistas advierten que muchos gastos de campaña provienen de aportes informales, tanto en dinero como en especie, que no se reflejan en los informes presentados ante la Justicia electoral.
