El gobierno argentino expresó su “seria preocupación por los hechos ocurridos en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia, en la Franja de Gaza”, en los que resultó herido por un bombardeo el padre Gabriel Romanelli, ciudadano argentino y párroco de dicha comunidad.
A través de un escrito, Cancillería aseguró quela gestión de Javier Milei transmitió “su preocupación a las autoridades del Estado de Israel, y confía en que se brindará la asistencia necesaria al padre Romanelli, así como a los miembros de la comunidad afectada”.
En su pronunciamiento, la administración libertaria reiteró su llamado “al pronto restablecimiento de las condiciones que permitan la paz y la seguridad en la región”, y reafirmó “su compromiso con la protección de los lugares de culto, el personal religioso y el respeto a la libertad de religión”.
Las autoridades resaltaron que “el resguardo de los civiles y de las instalaciones religiosas y humanitarias constituye un principio esencial del derecho internacional humanitario, que debe ser plenamente observado por todas las partes involucradas”.
El ataque se produjo poco después de las 10 de la mañana, mientras en la iglesia se encontraban al menos 500 personas, según datos de Cáritas Jerusalén, entre ellas niños y personas mayores que habían perdido sus hogares.
Los testimonios dan cuenta que el impacto alcanzó a dos ancianas que estaban dentro de una carpa utilizada para apoyo psicosocial, tres jóvenes en la entrada del templo, un niño con discapacidad, y otros refugiados. Los heridos graves fueron trasladados de inmediato al Hospital Al-Ahli, centro de referencia en el área, según confirmó su director interino, Fadel Naem.
Diversos medios internacionales, incluidos Al Jazeera y la agencia palestina Wafa, han reportado que siete personas resultaron heridas como consecuencia directa del ataque. Hasta el momento hay dos muertos confirmados, pero según los reportes de la agencia EFE, las víctimas fatales ascienden a cuatro.
En su declaración, la organización coincidió en que “dañar o poner en peligro a los civiles que buscan refugio constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y una violación directa de la dignidad humana”.
