En una nueva sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña presentaron una serie de proyectos para abordar las falencias estructurales en los sistemas de salud y educación de Catamarca. Las iniciativas buscan ofrecer soluciones a la crisis actual, a la vez que exigen respuestas urgentes al Gobierno de Raúl Jalil.
En el área de la salud, los diputados impulsaron la modificación de la Ley N.º 5382 para actualizar la lista de “especialidades críticas” y enfrentar la falta de profesionales en áreas sensibles. El proyecto propone incorporar a la lista a disciplinas como Anestesiología, Terapia Intensiva, Neonatología, Cardiología y Oncología, entre otras.
“No se puede hablar de fortalecer la salud pública sin reconocer que hay servicios vacíos y profesionales agotados”, señalaron los legisladores, quienes subrayaron la necesidad de “garantizar una cobertura equitativa en toda la provincia”. La propuesta también incluye una revisión anual del listado para adaptarlo a las necesidades del sistema.
Deuda de OSEP y defensa de los docentes
Otro de los puntos destacados fue la resolución que exige al Gobierno el pago de la deuda que la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP) mantiene con el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. Según registros oficiales, el monto asciende a $845.277.400, lo que convierte a OSEP en la tercera obra social más endeudada del país. “Es inadmisible que mientras se multiplican los cargos políticos, se incumplan compromisos esenciales como garantizar el derecho a la salud de nuestros niños”, expresaron los diputados.
En paralelo, los legisladores alzaron la voz en defensa de los docentes que, a pesar de haber trabajado, no han cobrado sus haberes. Presentaron un proyecto de resolución que exige el pago inmediato de estas deudas, la regularización de cargos y horas, y la eliminación de trabas burocráticas. “Lo trabajado se paga, y se paga como corresponde”, remarcaron. A la vez, acompañaron a los trabajadores en sus reclamos ante el CAPE y pidieron la citación de la ministra de Educación, Verónica Soria, aunque la solicitud fue rechazada por el oficialismo.
Finalmente, el bloque opositor respaldó a los docentes interinos del Nivel Superior, que exigen la apertura inmediata del proceso de titularización. A pesar de que el Estatuto Docente estipula que este proceso debe realizarse cada dos años, la última convocatoria en este nivel se hizo en 2011, dejando a cientos de profesionales sin estabilidad laboral por más de una década. Los diputados calificaron esta demora como una “grave vulneración” de un derecho constitucional.
