Tras recibir a representantes de ARCat, integrantes del Poder Judicial y funcionarios del ministerio de Economía, la Comisión de Hacienda de Diputados emitió despacho favorable a la iniciativa del Presupuesto de gastos y recursos para el 2025, cuyo monto asciende a poco más de 2 billones de pesos ($2.119.044.470.854), y al proyecto de Ley Impositiva para el ejercicio fiscal, ambas propuestas remitidas por el Ejecutivo.
El presupuesto establece lineamientos para fortalecer distintas áreas estratégicas en la provincia, como en infraestructura y conectividad mediante la expansión de la red vial, ampliación en el acceso a servicios básicos y promoción del desarrollo urbano y rural. Además, apuesta a la reactivación económica a través del acompañamiento a Pymes y atracción de inversiones en sectores como el turismo y la minería.
La iniciativa mantiene medidas de protección del poder adquisitivo con la continuidad de programas como One Shot Plus para garantizar el acceso a bienes esenciales frente a la inflación. De acuerdo a los fundamentos del proyecto, el presupuesto tiene un enfoque en la planificación, la equidad y el crecimiento apuntando a consolidar a la Provincia como un modelo de desarrollo integral y un destino atractivo para el turismo.
En cuanto a la propuesta de ley Impositiva, se propone modernizar el sistema tributario, con el objetivo de fomentar la equidad fiscal, la eficiencia en la recaudación y la sostenibilidad económica. Entre las medidas, se contempla la actualización de la base imponible en un 120% respecto al año 2024 en el Impuesto Inmobiliario, con alícuotas diferenciadas para inmuebles rurales según su productividad. Respecto al impuesto Automotor, se da continuidad a las políticas vigentes para garantizar estabilidad tributaria, mientras que en el caso de Ingresos Brutos se proponen beneficios para nuevos contribuyentes y pymes.
El proyecto también incorpora reformas al Código Tributario, como la implementación del Código de Operación de Traslado (C.O.T.) para mejorar el control de bienes, la ampliación de exenciones para personas con discapacidad y la exclusión de actividades no lucrativas e ingresos por exportaciones de servicios del alcance impositivo.
