Según un informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde diciembre de 2023 se registraron 18.659 bajas en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La mayoría corresponde a soldados voluntarios. En los cuarteles advierten por la desmotivación y la crisis salarial.
En menos de dos años de gestión de Javier Milei, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 efectivos que solicitaron la baja, desmotivados por el retraso salarial, las carencias en infraestructura y la falta de estímulos profesionales. Así surge del último informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados, con datos aportados por el Ministerio de Defensa.
Del total de bajas, 840 corresponden a oficiales, 2398 a suboficiales y 15.421 a soldados voluntarios. El mayor número se concentra en el Ejército, que perdió 14.614 efectivos, seguido por la Fuerza Aérea (2971) y la Armada (1074). Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con unos 83.000 efectivos en todo el país.
Las fuentes militares consultadas reconocen que la deserción se concentra en el servicio militar voluntario, donde los contratos tienen una duración limitada y los jóvenes suelen migrar hacia mejores oportunidades laborales. “Las mayores bajas se dan en las grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba, donde los costos de vida son más altos y existen mejores ofertas laborales”, admitió un oficial en actividad.
Un dato relevante es la competencia con las policías locales, que ofrecen a militares jóvenes la posibilidad de sumarse a sus filas con reconocimiento de antigüedad y grado, pero con salarios duplicados o triplicados, mejores condiciones laborales y cobertura de salud más completa. La crisis del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), con una deuda de 210.000 millones de pesos, también incide en la pérdida de afiliados.
La situación salarial constituye uno de los principales factores de desmotivación. Un capitán o teniente de navío percibe alrededor de $1.109.913, mientras que un subteniente o alférez cobra $806.045. Entre los suboficiales, un sargento o cabo principal recibe $853.088, y un cabo primero, $765.596. Estos ingresos, en muchos casos, se ubican cerca o por debajo de la línea de pobreza, que en agosto se estimó en $1.160.780 para una familia tipo.
A ello se suma la precariedad en el equipamiento militar. Fuentes castrenses admiten que el Ejército aún utiliza fusiles FAL de la guerra de Malvinas, sin accesorios modernos, y que los morteros o sistemas de artillería reciben municiones mínimas para prácticas. “Esto impacta en la insatisfacción profesional y en la pérdida de vocación”, resumió un general en actividad.
Si bien en algunos sectores de la conducción castrense relativizaron las cifras al incluir dentro de las bajas a quienes pasaron a retiro, en los cuarteles predomina la preocupación. “No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, advirtió un alto oficial.
La gestión de Milei había prometido la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, un reclamo histórico de los uniformados, pero la medida todavía no se concretó. La continuidad de las bajas y la falta de incentivos profesionales plantean un desafío para la conducción del ministro de Defensa, Luis Petri, en un escenario en el que las Fuerzas Armadas reclaman mejores condiciones para cumplir con sus funciones.
