Cuando ya se cumplieron siete meses desde que SanCor inició su concurso de acreedores, la cooperativa láctea se enfrenta ahora a un pedido de quiebra por parte de empleados agrupados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). La presentación judicial se hará en los próximos días y será “con continuidad de la explotación”.
SanCor, un gigante del sector que llegó a procesar más de 4 millones de litros diarios y a contar con más de 4.000 empleados antes de 2017, hoy trabaja unos 300.000 litros a fasón para terceros y mantiene un plantel de alrededor de 850 operarios, según fuentes sindicales. La empresa aún no se pronunció sobre la solicitud de quiebra.
Luego de una asamblea realizada en Sunchales, Santa Fe, el sindicato resolvió recurrir a la Justicia con el pedido de quiebra “por unanimidad y aclamación”. Los trabajadores reclaman deudas preconsursales calculadas en unos $69.000 millones y compromisos laborales impagos que suman $14.000 millones en los últimos meses.
Reclamos por sueldos y aportes
“Para arribar a tal determinación, la asamblea consideró no solo la deuda histórica preconcursal donde solamente de origen laboral se insinuaron mil ochocientos sesenta (1860) créditos, por los que la empresa reconoce adeudar sesenta y nueve mil millones de pesos ($69.000.000.000,-), sino también y, fundamentalmente, la falta de pago de sueldos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y aguinaldo del primer semestre del año 2025, es decir, todas obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido posteriores a la resolución de apertura concursal, a las que se suman por el mismo periodo las cifras en concepto de aportes y contribuciones retenidos y no depositados en favor de la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y Atilra, acumulando en este breve lapso una suma adeudada de origen laboral que ya se ubica largamente por encima de los catorce mil millones de pesos ($14.000.000.000,)”, indicó el gremio en un comunicado, al denunciar “incumplimientos reiterados”.
El 3 de febrero pasado, SanCor solicitó su concurso de acreedores ante el juez Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe. Extraoficialmente, se hablaba de un pasivo que superaba los US$250 millones y podía llegar hasta los US$400 millones.
En aquel momento, la cooperativa destacó: “Tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa”.
Reducción de plantas y conflictos sindicales
Como parte de ese proceso, SanCor pasó de tener 12 plantas a seis. Durante el gobierno de Alberto Fernández, evaluó una propuesta de empresarios para crear un fideicomiso con financiamiento público que le permitiera quedarse con el control de la firma, pero la iniciativa no prosperó y la empresa continuó con serias dificultades.
Entre fines de 2023 y agosto de 2024, SanCor enfrentó un fuerte conflicto con Atilra que redujo considerablemente su producción. Según diversas fuentes, este conflicto agravó la crisis y terminó desembocando en la presentación del concurso de acreedores.
Históricamente, la firma tuvo episodios destacados, como en 2006 cuando Néstor Kirchner frenó una propuesta para que Adecoagro controlara la empresa, negociando a cambio un crédito de 80 millones de dólares con Venezuela. Actualmente, el país gobernado por Nicolás Maduro mantiene una deuda de US$18 millones con SanCor por compras pasadas.
Intentos de reestructuración sin éxito
En los últimos tiempos, surgieron versiones de que SanCor buscaba posibles interesados incluso en pleno concurso de acreedores, incluyendo a Adecoagro, sin que hubiera avances concretos.
A pesar de haber vendido plantas, marcas y negocios como yogures, postres y flanes —estos últimos a Vicentin, que luego pasó a manos del grupo venezolano Maralac—, la cooperativa no logró estabilizar su situación.
“La asamblea destacó que de las más de dos mil quinientas (2500) intimaciones de pago cursadas por los trabajadores, la empresa no respondió ninguna; como tampoco respondió las intimaciones de pago enviadas por OSPIL, AMPIL y Atilra”, concluyó el gremio.
Fuente: La Nación
