En los últimos días, se reactivaron denuncias de presunta corrupción en distintas sedes del PAMI del interior del país. Se registraron casos en La Plata, Chaco, Santa Cruz, Misiones, La Pampa, Formosa, General Madariaga y Villa Gesell. Todas las denuncias apuntan a un mismo mecanismo: pedidos de dinero a funcionarios y empleados designados por La Libertad Avanza, así como a prestadores de servicios.
El contexto se torna especialmente sensible tras el escándalo por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revelados por un audio de Diego Spagnuolo, su extitular. Al igual que en ese organismo, el PAMI —junto con Anses— es manejado en el interior por dirigentes cercanos a Eduardo “Lule” Menem, bajo la órbita de Karina Milei, indica La Nación.
“A toda persona que entra en La Libertad Avanza le piden entre un 10% y un 15%”, denunció Viviana Aguirre, exresponsable del PAMI en La Plata, en diálogo con Radio República. La dirigente, desplazada por negarse a participar de este sistema, recordó que ya en marzo había presentado una denuncia ante el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Amenazas, presiones y vínculos políticos
“Yo recibí amenazas. En primer lugar, fui a la Justicia de donde nunca me llamaron, luego a la Oficina Anticorrupción, al Ministerio de Capital Humano y finalmente fui a hablar con el senador Carlos Kikuchi y Sergio Vargas”, relató Aguirre.
En su testimonio, apuntó contra la conducción nacional del organismo: “PAMI central arreglaba con los prestadores y a nosotros nos pedían firmar para poder coimear. Son peores que los kirchneristas. Antes de que asumiera tenía llegada a Javier Milei, le escribí varias veces para contarle esto y me clavó el visto. Le escribí a Karina Milei y directamente me bloqueó”. También señaló a otros referentes libertarios: “Le llevé la denuncia a Florencia Arietto y en lugar de acompañarme quería sacarme información para llevarla a Sebastián Pareja”.
La exfuncionaria, que fue candidata a diputada nacional en 2023, relató en su denuncia judicial que “Juan Esteban Osada, cercano a Sebastián Pareja, me pidió que le entregara un millón de pesos por mes de mi sueldo. Le dije que quería colaborar y que me pasara una cuenta para transferir y me contestó que no se manejaba así, que tenía que poner ese dinero en un sobre y ellos lo pasaban a buscar una vez por mes”.
Chaco: allanamientos y empresas ligadas a dirigentes libertarios
En paralelo, la Justicia avanzó en otras provincias. En Resistencia, la sede del PAMI fue allanada en el marco de una causa que investiga pedidos de dinero a funcionarios. Allí se descubrió que se había contratado de manera directa a una empresa de traslados y sepelios perteneciente a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en Chaco.
Días antes, los investigadores habían irrumpido en las oficinas de la firma Sakura Turismo, donde secuestraron documentos, un libro de actas, computadoras, celulares, pendrives y sellos. El señalado es Alfredo Moreno, coordinador administrativo del PAMI local, sospechado de exigir aportes económicos a empleados y de manipular documentos de afiliación partidaria, además de irregularidades en el manejo de fondos para la atención de jubilados.
En Santa Cruz, el titular provincial del PAMI, Jairo Guzmán, desplazó al responsable de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, luego de que denunciara que le exigían un aporte del 10% de su salario.
Internas y denuncias en otras provincias
En La Pampa, las disputas internas por el control partidario derivaron en acusaciones de recaudación ilegal. Allí, se apuntó a Julio Jamad, quien recibía aportes del 15% de los salarios en una cuenta bancaria. Jamad reconoció ser el titular de la cuenta, aunque aseguró que se trataba de aportes “voluntarios”.
En Misiones, Samuel Doichele, productor agrícola y referente libertario, denunció en sede judicial a Carlos Adrián Núñez, a quien vinculó directamente con Karina Milei. Según señaló, se exige un 10% del salario a todos los empleados y funcionarios designados en PAMI y Anses.
En Formosa, el sitio Formosa Investiga indagó sobre los vínculos del PAMI con la Clínica Sarmiento. El objetivo es esclarecer contratos, facturaciones y presuntas relaciones personales que explicarían el crecimiento acelerado de ese centro de salud.
El caso Madariaga-Gesell y la política nacional
En General Madariaga, el intendente Esteban Santoro (UCR) presentó una denuncia por presunta asociación ilícita debido al traspaso compulsivo de cápitas desde el Hospital Municipal a una clínica privada. Poco después, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, realizó una presentación similar en representación de los vecinos afectados, denunciando la quita de fondos al sistema público de salud local.
El cúmulo de denuncias llevó a las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein a presentar en julio un proyecto para conformar una comisión investigadora sobre el PAMI. “Milei transformó el PAMI en una caja de recaudación y oficina de empleo de LLA. Pero, como si fuera poco, resulta que en Madariaga (y queremos saber en cuántos lugares más) armaron lo que se parece mucho a una asociación ilícita”, advirtió Stolbizer.
En Jujuy, las acusaciones alcanzan al diputado libertario Manuel Quintar, señalado por su cercanía a Karina Milei y vinculado a la clínica Los Lapachos, que habría recibido pacientes de PAMI con discapacidad para otorgar certificados en complicidad con la Andis. El caso generó un fuerte debate en la política provincial y puso bajo la lupa el entramado de relaciones entre dirigentes libertarios y agencias nacionales en las provincias.
