Luego de conocida la información a través de una publicación de Misiones Online, de que se dieron en la primera mitad de este año, más de 2.200 bajas voluntarias en las fuerzas armadas y de seguridad federales, números más importantes que en años anteriores, desde el Senado confirmaron que se avanza en una subcomisión para investigar problemas salariales y de cobertura médica de los efectivos activos y retirados, que genera descontento entre sus filas.
El senador por Misiones, Enrique Martín Goerling, reconoció que los reclamos son reales y que desde la comisión bicameral que preside se trabaja en una subcomisión específica para abordar la problemática.
Justamente el legislador preside la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, y confirmó que dentro del Congreso Nacional se está avanzando en una línea de trabajo enfocada en los problemas estructurales que atraviesan las fuerzas tanto armadas, como de seguridad federales. Las declaraciones se dieron luego de que Misiones Online publicara un informe que revela que más de 2.200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad solicitaron la baja voluntaria en lo que va del año, principalmente por salarios bajos y fallas en la atención médica de IOSFA, la obra social que los nuclea a personal activo y retirado del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Gendarmería y Prefectura. Unas 600 mil personas en todo el país. Pero también son malos los funcionamientos de los prestadores en las provincias de fuerzas como la Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal.
Las dificultades que incluyen el corte temporal de atención, estudios o descuentos en farmacia, se dan por atrasos en los pagos a médicos o instituciones médicas. Es un problema que se da en todo el país, pero que se siente más en las provincias y especialmente fuera de las capitales. La situación genera mucho enojo en el personal que aporta de su sueldo sumas que van desde los 100 mil y hasta 300 mil pesos mensuales o más, en concepto de obra social, pero que luego no ve reflejado ese aporte en una buena prestación de salud, cuando la requiere.
“Dentro de la Bicameral, parte de nuestras funciones legales es atender todas estas cuestiones”, afirmó Goerling en diálogo con Misiones Online. “Hay muchas quejas, sobre todo vinculadas a la obra social IOSFA, que tiene serios problemas de funcionamiento. Hubo un cambio de gestión, está desfinanciada, y aunque todavía no tenemos datos concretos, la situación preocupa”.
El legislador misionero —uno de los dirigentes con vínculo directo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— explicó que en el marco del gobierno de Javier Milei ya se inició una auditoría interna sobre IOSFA. “La obra social ya venía con problemas arrastrados de gestiones anteriores. Por eso se intervino y se está tratando de reordenarla”, detalló.
Además, admitió que la atención médica es mucho más deficitaria en el interior del país, un patrón que se repite en la mayoría de las obras sociales nacionales. “En Buenos Aires hay más volumen y por lo tanto más capacidad de respuesta. Pero en ciudades como Posadas o más chicas, si se cae la prestación de uno o dos sanatorios, la situación se vuelve crítica”, subrayó.
Goerling adelantó que la comisión bicameral trabaja en la creación de una subcomisión específica para abordar no solo el funcionamiento de la obra social sino también los reclamos salariales y de condiciones laborales que afectan a los miembros de las fuerzas. “Todavía no hicimos un pedido de informes formal, pero estamos trabajando en eso. Queremos tener una mirada más precisa, porque hay malestar y se refleja en todas las provincias”, sostuvo.
El senador aclaró también que la función del Congreso no es decidir sobre la política salarial, ya que eso es función del Poder Ejecutivo. Además indicó que aunque la Bicameral tiene facultades de control e información sobre las fuerzas federales, también está habilitada por la Ley de Seguridad Interior a solicitar informes sobre fuerzas provinciales y municipales, aun cuando no pueda intervenir directamente. “Nuestro rol es observar, recibir denuncias, analizarlas y peticionar ante las autoridades competentes”, explicó.
En esa línea, adelantó que se planea utilizar la comisión como un “observatorio de las policías provinciales”, con el objetivo de canalizar denuncias por abusos o conflictos internos, y actuar como instancia de mediación antes de que se escalen los problemas. “Muchas veces, si no hay un espacio institucional para tratar estas cuestiones, el conflicto está asegurado”, advirtió.
Por último, Goerling se refirió a los decretos de reforma estructural impulsados por el Ministerio de Seguridad para modificar el funcionamiento interno de las fuerzas federales de seguridad. “En la última reunión de la comisión, tratamos justamente esas reformas. Hay cambios en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA, y también cuestionamientos sobre la legalidad o no de esas modificaciones por vía de decreto”, señaló.
“Todo eso forma parte de un paquete de cambios profundos que también impactan en las condiciones laborales, en la obra social y en el ánimo del personal. Por eso vamos a seguir trabajando desde la Bicameral con todas las herramientas que la ley nos permite”, concluyó.
