En horas de la mañana de este jueves, trabajadores de la fábrica CAMINO S.A., (ex-ALCO), ubicada sobre ruta 33, Sumalao, Departamento Valle Viejo, comenzaron un quite de colaboración en el marco de un conflicto salarial que lleva varios meses sin resolución.
José Ocampo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), detalló que la deuda que la firma acarrea a los empleados son seis quincenas correspondientes al año 2024, dos aguinaldos, bonos de enero de ese mismo año, retroactivos del primer semestre de 2025, además de los sueldos de mayo y junio. “La estimación que realizamos indica que la deuda ronda los seis millones de pesos por trabajador”, indicó Ocampo. La situación afecta a 88 operarios que, según señalaron desde el gremio, atraviesan un contexto de incertidumbre laboral.
“Esta situación llevó a hacer esto porque hasta el momento no hay respuestas, no tenemos soluciones y por eso se decidió llevar a cabo las medidas de fuerza por un tiempo indeterminado hasta que esta gente de respuestas”. También el dirigente gremial dijo que ante la situación económica por el atraso de los pagos, los empleados “ya ni siquiera tienen para transportarse al lugar del trabajo. “Hace más de un mes que los trabajadores no ven un peso. Hay familias que dependen de esto”, manifestó Ocampo.
Además de los salarios pendientes, desde STIA advirtieron que la firma no ha presentado documentación oficial que acredite quiénes son los actuales propietarios. La planta, que hasta hace unos años operaba bajo el nombre de ALCO, estaría ahora en manos del grupo Tres Arroyos, aunque la representación gremial asegura no haber recibido confirmación formal. “La planta está paralizada la mayor parte del tiempo y la empresa no da respuestas. Solicitamos una videoconferencia para que hablen con los trabajadores y se negaron”, agregó el secretario general del sindicato. La protesta se desarrolla dentro del predio de la fábrica, y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Desde el gremio también anticiparon que analizan posibles presentaciones judiciales, además de impedir el egreso de mercadería, si no se avanza con una solución que contemple el pago de los haberes y la continuidad de las fuentes laborales.
