La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo , presentó un proyecto de ley para garantizar un salario digno, progresivo y equitativo para las y los trabajadores municipales de toda la provincia. La iniciativa ya tomó estado parlamentario y apunta a eliminar desigualdades históricas en el empleo público local.
“Es hora de que el Estado provincial asuma su responsabilidad de garantizar el derecho constitucional a un salario digno para quienes cumplen funciones en los municipios. La desigualdad que existe hoy entre municipios y el estado provincial, incluso dentro de los mismos municipios es inaceptable”, afirmó la diputada, sobre el proyecto de ley que busca la vigencia efectiva del derecho a una retribución justa e igualitaria por igual tarea, que garantice una remuneración neta mínima mensual de los trabajadores municipales, equivalente a la de los trabajadores públicos de la provincia de Catamarca”.
Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, la iniciativa tomó estado parlamentario, y propone una transformación profunda y estructural del régimen salarial municipal en toda la provincia. Carrizo explicó que la propuesta “se basa en principios establecidos en nuestra Constitución Provincial y Nacional”, y que “busca terminar con la práctica sistemática de sueldos que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, especialmente en las categorías más bajas del escalafón municipal”.
La diputada radical señaló que el proyecto prevé una actualización automática y progresiva de las remuneraciones, un escalafón que contemple formación, antigüedad y responsabilidad. “Esto es sentido común y justicia social. No puede haber funcionarios, índices, con sueldos privilegiados mientras los empleados no llegan a fin de mes, el Gobernador tiene que reordenar los gastos, y no priorizar la dirección ejecutiva, que son todos sus funcionarios, sino a los empleados provinciales y municipales” expresó.
Asimismo, la legisladora puntualizó que el instrumento propone armonizar las políticas salariales municipales con el decreto provincial vigente que fija un mínimo neto para los trabajadores provinciales: “*Esta ley garantiza que ningún trabajador municipal cobre por debajo del piso que hoy se aplica en la administración pública provincial”, remarcó.
Carrizo también advirtió que, si bien el proyecto reconoce la heterogeneidad fiscal y a la autonomía de los municipios, “la justicia salarial no puede quedar librada a la discrecionalidad política o a la voluntad de cada intendente. Por eso, proponemos una norma con fuerza de ley y de cumplimiento obligatorio”.
Por otro lado, el proyecto invita a adherir a los municipios que cuentan con Carta Orgánica, fomentando una política salarial coherente en todo el territorio. “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda según dónde trabajen. La equidad empieza por el respeto a quienes sostienen día a día el funcionamiento del Estado local*”, destacó la diputada.
Por último, Carrizo hizo hincapié en que “este proyecto es también una respuesta a la creciente conflictividad laboral en los municipios, donde los trabajadores ya no confían en las promesas ni en los parches. Quieren certezas y respeto. Esta ley apunta a eso”.
Contexto y acompañamiento político
En este marco, los bloques de la oposición representados por la Unión Cívica Radical, PRO, Movimiento de Integración y Desarrollo, y Frente Amplio Catamarqueño, oportunamente presentaron un proyecto que crea un “Fondo de reparación salarial” ante el crecimiento de reclamos salariales de la administración pública provincial, particularmente frente a la falta de políticas activas del gobierno para garantizar condiciones mínimas de vida a sus trabajadores.
El proyecto, plantea la necesidad urgente de destinar los recursos que se recortaron al poder judicial a garantizar condiciones salariales justas para el personal estatal, evitando que los fondos disponibles se usen únicamente para obras o funcionarios, sin atender la situación crítica de quienes trabajan en el Estado. También se cuestiona la política presupuestaria del gobierno provincial, que —según afirman— no ha priorizado el bienestar del trabajador público en su planificación financiera.
