La Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial y aprobada por la Legislatura en mayo de 2024 tenía como argumento de hacer más efciiente los recursos en medio de un contexto difícil, con recesión y baja de recursos.
Además, se establecía la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación de la Ley integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Tribunal de Cuentas, bajo la lupa del Ministerio de Economía. Todo para controlar que no se dilapiden los recursos.
Es por ello que no se explica la decisión del Ministerio de Educación que conduce Dalmacio Mera de invertir (o despilfarrar) la friolera suma de 350 millones de pesos en la adquisición de vehículos de alta gama para uso exclusivo de funcionarios.
Mera, con la anuencia de la cartera Económica, adquirió a una concesionaria local cuatro camionetas Volkswagen Amarok a razón de $70.461.701, tres de ellas, mientras que la restante cotizó en $60.205.424 y un utilitario valuado en $87.600.000, lo que totaliza un monto de $358.590.527 gastados.
¿Cómo se explica que la cartera de Mera gaste semejante suma si la Ley de Emergencia Económica, todavía vigente, indica que sólo pueden adquirirse vehículos para las áreas de Salud y Seguridad? ¿Se justifica tamaño gasto en rodados que serán de uso cuasi personal del ministro y sus acólitos?.
Claramente, las prioridades del Ministerio de Educación o de su ministro están distorsionadas: falencias en edificios escolares, carencia de personal de servicios generales, docentes que peregrinan desde hace meses por sus haberes adeudados y cargos sin cubrir.
Como si fuera poco, el Presupuesto 2025 estipula el recorte de 52.976 horas cátedras respecto de las 202.263 previstas originariamente y la extinción de 5050 horas cátedras de docentes no permanentes.
Indudablemente, algo está mal en la provincia. El gobernador Raúl Jalil habla de austeridad y por tal motivo no otorga el bono de fin de año a los empleados estatales, docentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, sus funcionarios despilfarran recursos que bien podrían ser destinados a subsanar necesidades reales, no caprichos de quienes circunstancialmente ocupan un cargo.
