Durante la vigésima sexta sesión ordinaria que fue conducida por la presidenta del cuerpo, Paola Fedeli, por mayoría Diputados dio media sanción a la modificación del artículo 57 del Código Procesal del Trabajo (Ley 4799), iniciativa que busca proteger los derechos de los trabajadores en casos de incumplimientos empresariales. Además, se otorgó la distinción Aldacira Flores de Andrada a tres personas por su contribución al desarrollo cultural, social, educativo y ético en la provincia, y se homenajeó al personal de taquigrafía en su día.
El cambio al Código Procesal del Trabajo fue impulsado por María Argerich (FT) quien, como miembro informante, comentó que la iniciativa responde al caso donde una empresa textil cerró de manera intempestiva tras recibir subsidios estatales, dejando a sus trabajadores en situación de vulnerabilidad. La diputada explicó que se propone un nuevo inciso que permite a los jueces embargar bienes de empresas que incumplan con sus obligaciones laborales después de haber recibido ayuda del Estado provincial. “El objetivo es garantizar que, en caso de que un empleador no cumpla con el pago de salarios o indemnizaciones, o cierre su fábrica sin las formalidades requeridas, se puedan embargar sus bienes para cubrir las obligaciones pendientes con los trabajadores afectados”, detalló.
Durante el debate, Argerich enfatizó la importancia de esta herramienta legal: “Este nuevo inciso busca que ante un empleador que deje de pagar o cierre intempestivamente, como fue el caso de la empresa textil, los trabajadores no necesiten prueba para que el juez pueda dictar una medida cautelar inmediata”. Adrián Brizuela (La Libertad Avanza) adelantó que el bloque que integra iba a votar por la negativa con el argumento de que el proyecto era redundante ya que “pretende establecer una causal más para solicitar el embargo preventivo sujeto a que se hayan recibido, o no, subsidios del Estado provincial”, algo ya contemplado en el marco legal.
Argerich refutó esa posición indicando que a través de la nueva disposición se permiten acciones más expeditas y eficaces en la justicia. “Esto permitirá a los jueces contar con una herramienta más eficaz contra los empleadores que pretendan aprovecharse de la ayuda gubernamental sin cumplir con sus obligaciones laborales, mediante el embargo de bienes” dijo. Desde la UCR, Silvana Carrizo expresó el respaldo al proyecto y remarcó que “es necesario de que, así como se invierte en políticas públicas para el empleo privado, también se debe responder con firmeza ante situaciones de incumplimiento”.
