El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley clave para la administración de la justicia penal en la provincia: la Ley de Juicio por Jurados. Este proyecto, que primero será debatido por los diputados y luego pasará a la Cámara de Senadores, busca implementar el juicio por jurados para delitos graves en Salta, siguiendo una tendencia creciente en varias provincias argentinas.
La propuesta de Sáenz responde a una demanda ciudadana que reclama una mayor transparencia en el sistema judicial. El juicio por jurados, donde ciudadanos comunes participan directamente en la toma de decisiones, es visto como una herramienta para legitimar las resoluciones judiciales y fortalecer la confianza en un sistema que, en los últimos años, ha sido objeto de críticas por su falta de credibilidad.
El proyecto también subraya la importancia de garantizar un proceso de selección de jurados transparente y riguroso. Los jurados serían seleccionados de manera aleatoria en actos públicos, con un control exhaustivo para asegurar la integridad del proceso. Esta participación ciudadana en la justicia no solo apunta a mejorar la aceptación social de los fallos, sino también a hacer más visibles y accesibles los procesos judiciales en sí mismos.
El juicio por jurados propuesto por Gustavo Sáenz no es un modelo nuevo en el país. Otras 12 jurisdicciones ya han implementado esta modalidad, incluyendo provincias como Córdoba, Buenos Aires y Neuquén, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Constitución Argentina, desde hace 170 años, establece que los crímenes más graves deben ser juzgados por ciudadanos mediante el sistema de jurados, un mandato que, aunque ha sido ignorado por muchos años, sigue vigente y aplicable a nivel provincial.
Con la introducción de esta ley, Salta busca alinearse con este principio constitucional y ofrecer una administración de justicia más participativa, transparente y acorde con las expectativas de la ciudadanía. La iniciativa del gobernador Sáenz, de ser aprobada, marcaría un paso importante hacia una mayor apertura del sistema judicial en la provincia.
