Una religiosa santiagueña de 76 años, ex rectora de un colegio privado y paciente diagnosticada con Alzheimer, fue internada en un presunto geriátrico ilegal y despojada de varios millones de pesos en un esquema que combina privación ilegítima de la libertad, estafa y abuso de confianza. La principal sospechosa es su sobrina, quien fue detenida y será indagada en las próximas horas por el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.
El caso, que conmociona a la capital santiagueña por su carga humana y complejidad judicial, comenzó a tomar forma cuando allegados a la monja —identificada como T.G.— denunciaron su desaparición. La mujer había sido vista por última vez en su domicilio, pero poco después desapareció sin explicaciones claras. Días antes, había sido víctima de un arrebato en la vía pública en el que, presuntamente, perdió toda su documentación personal.
La clave para desentrañar el caso llegó por casualidad. Un electricista, conocido de la víctima, la encontró internada en un hogar ubicado en el oeste de la ciudad. Según relató, la mujer le imploró ayuda: “Sacame de aquí, me tienen contra mi voluntad”, dijo, y agregó que estaba siendo medicada innecesariamente. La escena movilizó a la Policía, a personal de la Fiscalía y a profesionales en salud mental.
Tras ser examinada por dos médicos especializados, se determinó que, a pesar de su patología, la religiosa no debía permanecer encerrada. Además, se verificó que el lugar donde se encontraba no estaba habilitado como residencia geriátrica, y menos aún para el tratamiento de pacientes con enfermedades neurológicas.
Lo que parecía un caso de internación forzada cobró una dimensión aún más grave cuando se descubrió que la cuenta bancaria de la monja había sido vaciada. Incluso se había gestionado un préstamo a su nombre sin su consentimiento. La Dirección de Delitos Económicos de la policía provincial descubrió que las operaciones se habían realizado utilizando las tarjetas supuestamente robadas durante el arrebato callejero.
El dato más contundente llegó al revisarse cámaras de seguridad en distintos puntos: quien habría retirado el dinero no fue un desconocido, sino la misma sobrina que gestionó la internación de la víctima. Esto derivó en una segunda imputación contra la mujer, ahora por estafa, y su posterior detención. Se encuentra alojada en un organismo de seguridad y deberá prestar declaración indagatoria entre hoy y mañana.
La Fiscalía también analiza la figura de la curatela —una herramienta legal que permite designar a un asistente para personas con capacidad restringida—, cuya solicitud habría sido promovida por el entorno de la víctima. Se sospecha que el pedido judicial pudo haber sido instrumentalizado con fines económicos, especialmente ante la falta de registro del destino de los ahorros acumulados por la religiosa durante años.
Desde el entorno de la sobrina intentaron justificar algunas acciones, argumentando que “la víctima participó de algunos trámites” o que “era alimentada con lo mejor y sus medicamentos eran muy costosos”. Sin embargo, para los investigadores, estas explicaciones no alcanzan a diluir las sospechas sobre un posible plan para despojarla de sus bienes.
Mientras la Justicia espera resultados de pericias médicas, informes bancarios y testimonios clave, los fiscales avanzan con la reconstrucción del circuito financiero y documental. La causa, por ahora, gira en torno a dos delitos principales: privación ilegítima de la libertad y estafa. Pero no se descarta la ampliación de la imputación, ni la implicación de otras personas cercanas a la víctima.
La historia de la monja que fue internada sin consentimiento, sedada con medicamentos innecesarios y despojada de su dinero pone bajo la lupa no solo los mecanismos de protección a personas vulnerables, sino también el uso de herramientas legales como la curatela. La investigación sigue su curso, mientras crece la expectativa por lo que pueda declarar la principal acusada y por las nuevas pruebas que puedan surgir.
