Un reciente caso de narcotráfico ventilado en la justicia tucumana, ha captado la atención y, a la vez, suscitado diversas reacciones luego de que un juez, tras una serie de eventos que incluyeron la incautación de sustancias controladas, decidió inicialmente absolver a un acusado de comercialización de drogas, lo que llevó a un debate sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo.
Este episodio no solo planteó interrogantes sobre la interpretación de la legislación vigente, sino que también generó un efecto dominó que culminó en la anulación del fallo por parte del mismo magistrado.
La historia comenzó en junio, cuando el fiscal Diego Hevia, en el marco de una investigación sobre una red de narcomenudeo operante en Simoca, logró que el juez Roberto Flores autorizara varios allanamientos. Durante uno de estos procedimientos, se encontraron 82 gramos de cocaína, tres gramos de marihuana, una balanza de precisión, 160.000 pesos en efectivo y varios teléfonos celulares. Con base en esta evidencia, el fiscal logró que se acusara a Armando Exequiel “El Flaco Tranza” Scotoni de comercialización de drogas, resultando en su prisión preventiva.
Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, el fiscal no consiguió reunir pruebas suficientes para sostener la acusación de comercialización, aunque sí para la tenencia simple de drogas. En este contexto, se propuso un acuerdo a la defensa que contemplaba un juicio abreviado, donde Scotoni recibiría una pena de tres años de cumplimiento condicional, y el dinero incautado sería destinado a centros de atención de adicciones, mientras que se solicitaría la destrucción de las sustancias.
El miércoles, durante la audiencia sobre este acuerdo, la auxiliar del fiscal presentó el convenio que fue aceptado tanto por la defensa como por el acusado. El juez Gonzalo Ascárate, tras aceptar la reformulación de cargos, sorprendió a todos al absolver al imputado al considerar inconstitucional la tenencia simple, además de ordenar la devolución del dinero y las drogas incautadas.
Esta decisión generó una fuerte reacción tanto en el ámbito policial como en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, donde se cuestionó la legalidad de la resolución. El marco legal permite a un juez rechazar un acuerdo o absolver a un acusado en caso de que identifique alguna nulidad o la ausencia de un delito, pero no tiene la facultad de incrementar la pena acordada.
Aunque existen antecedentes de jueces que han dispuesto la absolución, la decisión de devolver sustancias incautadas es un hecho sin precedentes. El fallo de Ascárate no solo planteaba dudas sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo, sino que también podía tener repercusiones en la política criminal del Ministerio Público, que ha estado enfocado en la persecución del narcomenudeo.
Cuando no hay pruebas suficientes para demostrar la comercialización, se condena a los imputados por tenencia simple, con el objetivo de establecer antecedentes en caso de reincidencias, excluyendo a los consumidores de esta política. Por lo tanto, la sentencia de Ascárate podría sentar un precedente que afectaría la implementación de la norma.
Con la intención de impugnar la sentencia, el fiscal Hevia se encontraba evaluando sus opciones cuando, desde la Corte Suprema de Justicia, se comunicó que el magistrado había decidido actuar de oficio y anular su propia resolución. En un escrito, Ascárate argumentó que sus consideraciones eran ajenas al debate entre las partes, lo que puede interpretarse como un reconocimiento de error. Su decisión buscaba evitar la posible afectación de derechos o la generación de un dispendio jurisdiccional innecesario.
El juez programó una nueva audiencia, que se celebró en menos de un día. En este nuevo encuentro, Ascárate aceptó el acuerdo propuesto y condenó a Scotoni a tres años de prisión condicional, ordenando también la destrucción de la droga y la confiscación del dinero para reparación del daño. Dado que las partes no impugnaron este nuevo fallo, este quedó firme.
A pesar de la rectificación del juez, su futuro se encuentra en la cuerda floja. Existen rumores en Casa de Gobierno sobre la posibilidad de que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, considere solicitar un juicio político contra el magistrado, mientras que un abogado ha presentado formalmente un pedido en la Legislatura para evaluar la actuación de Ascárate en este caso. La situación refleja las tensiones y complicaciones inherentes a la aplicación de la ley en un contexto tan delicado como el del narcotráfico.
