En las últimas horas un escándalo diplomático se desató en el interior del Hospital San Bernardo tras conocerse el fallecimiento de una persona del género masculino oriundo de Bolivia que se hizo atender de manera gratuita suplantando su identidad con la de un integrante de la comunidad Wichí. En este marco, se conocieron más detalles de este polémico caso, donde se descubrió que el hombre ya habría sido atendido el año pasado con el mismo DNI.
El gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, contó que el caso está siendo investigado por la justicia, aunque reveló algunos pormenores de cómo llegó Javier Herrera Pérez, residente de Tarija, a ser atendido bajo el nombre de Ramón L, perteneciente a la comunidad wichí Santa María de Santa Victoria Este, en Tartagal.
Herrera Pérez falleció en agosto a causa de un cáncer de páncreas que lo mantuvo internado en terapia intensiva durante una semana. Tras conocer su deceso, el prestigioso nosocomio de salud llevó a cabo el protocolo correspondiente, acción enmarcada en un programa en el que se aborda la salud en centros públicos en comunidades originarias. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando al tomar contacto con el área de Asuntos Indígenas del Gobierno, las autoridades detectaron el robo de identidad.
Revisando la historia clínica del paciente, Salomón reveló que en 2023, Herrera Pérez ya había ingresado en otras oportunidades al centro de salud de alta complejidad para ser asistido por los profesionales. Lo llamativo del caso es que había ingresado con el mismo DNI del Wichí, cuando hasta el momento el sistema sanitario era gratuito para los extranjeros.
Asimismo, el titular del Hospital San Bernardo remarcó que el fallecido fue derivado de Tartagal para abordar su complejo estado de salud, razón por la cual no sólo se desplegó la atención médica, sino que se le dio paso al equipo intercultural para garantizar la igualdad en el sistema de salud. No obstante, la gravedad del caso no sólo está en la suplantación de identidad, sino que se emitió un certificado de defunción de una persona que está viva.
Por este motivo, Salomón reveló que se necesita colocar un filtro más efectivo para detectar estas adulteraciones en los documentos personales y este hecho de ilegalidad. Finalmente, la esposa del fallecido declaró que el documento era “prestado” porque él era “indocumentado”. La mujer estuvo refugiada en el albergue del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPI), lugar en el cual narró que una persona que ellos conocían le facilitó su DNI para que pueda ser atendido. Por lo pronto, la justicia de Salta se encuentra investigando a fondo el tema para tomar las medidas correspondientes ante este insólito caso.
Fuente: Voces Críticas
