La salida de los asilados de la Embajada de Caracaras abre un hilo de esperanza para el gobierno de Javier Milei que apuesta a intensificar las negociaciones con países aliados para concretar la liberación del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado por la administración de Nicolás Maduro, antes de fin de año.
El Gobierno nacional confirmó que Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño detenido en Venezuela, se encontraría en “El Helicoide”, una de las sedes del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para alojar a presos políticos y disidentes.
Mientras se intensifican las gestiones diplomáticas con Estados Unidos, la administración de Javier Milei descarta por completo una intervención directa y apuesta a la presión internacional para lograr su liberación antes de fin de año.
Sin agentes propios en Venezuela, el Ejecutivo depende del flujo de información proporcionado por aliados estratégicos como la CIA (EE.UU.), el Mossad (Israel) y la AISE (Italia). “La información es confiable, pero no es de producción nacional”, reconocen fuentes cercanas al Presidente.
La reciente extracción de cinco dirigentes opositores venezolanos desde la embajada argentina en Caracas hacia territorio estadounidense fue interpretada como un triunfo diplomático, y reforzó la línea de colaboración con Washington.
En este contexto, el Gobierno avanza en una ambiciosa estrategia de seguridad regional que incluye una mayor articulación con el Comando Sur y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Las negociaciones en marcha prevén la participación de ingenieros militares de EE.UU. en la construcción de una base naval en Ushuaia, así como operativos conjuntos de inteligencia y control territorial. A través del decreto 1112/2024, ya se autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones temporales de civiles en zonas de frontera.
En paralelo, se elabora una reforma migratoria que podría avanzar por decreto. Entre las medidas contempladas se incluye el endurecimiento del régimen de deportación, el cobro de aranceles sanitarios y educativos a extranjeros no residentes y la modificación de las condiciones de ciudadanía. Desde el oficialismo aseguran que estas decisiones responden tanto a la coyuntura de seguridad como al deterioro económico en países vecinos, como Bolivia, donde la escasez de dólares podría derivar en situaciones de inestabilidad fronteriza.
