El Gobierno nacional habilitó a pilotos, tripulaciones y aeronaves extranjeras a operar en vuelos de cabotaje

En medio de un conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno nacional tomó la decisión de habilitar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que permita que tripulaciones y aeronaves extranjeras operen vuelos de cabotaje en Argentina.

La medida fue oficializada a través del decreto Nº 844/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. La nueva disposición permite a la ANAC otorgar autorizaciones a personal extranjero para desempeñar funciones aeronáuticas en servicios aerocomerciales y para el uso de aeronaves con matrícula extranjera en el país.

Según el comunicado oficial, esta medida busca fomentar inversiones y mejorar la conectividad federal. Hasta ahora, solo el Poder Ejecutivo Nacional tenía la potestad de autorizar la participación de personal extranjero y el uso de aeronaves de matrícula extranjera en vuelos de cabotaje. Sin embargo, el nuevo decreto transfiere esa potestad a la ANAC, lo que permitirá agilizar los procedimientos y abrir el mercado a nuevas compañías aéreas sin la necesidad de que se establezcan permanentemente en el país.

La medida incluye la necesidad de adecuar y dictar una nueva reglamentación conforme a los estándares internacionales en comercio de bienes y servicios. El objetivo es armonizar el régimen interno con el de otros países de la región y del mundo, en un plazo de 60 días. Desde la Secretaría de Transporte afirman que esta desregulación refuerza los principios de libre acceso a los mercados, generando mayor competitividad y una oferta más diversa y conveniente para los pasajeros. Además, aseguran que se garantizará la seguridad operacional y la eficiencia del sistema de transporte aéreo.

La decisión se produce en un contexto de sucesivos paros de los gremios aeronáuticos, principalmente por reclamos salariales en Aerolíneas Argentinas. El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, busca destituir a Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del directorio de la compañía.

La asamblea para decidir su expulsión se llevará a cabo el próximo 16 de octubre. Por su parte, Biró ha anunciado que recurrirá a la Justicia para evitar su desplazamiento del directorio y también para rechazar el decreto que declara al transporte aéreo como servicio esencial.