El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva medida para facilitar el acceso a las armas de fuego en Argentina, en su política de desregulación armamentística. A través de la Resolución 77/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) eliminó el cobro de la tasa anual y extendió el plazo para la reinscripción de usuarios a cinco años, en lugar del sistema anual anterior..
Esta flexibilización beneficia a una amplia gama de actores vinculados al sector: fabricantes de armas de uso civil o condicional, productores de municiones, talleres de blindaje, verificadores y recargadores comerciales. Todos ellos quedan eximidos del pago anual, aunque deberán informar cualquier cambio en su situación registral en un plazo de treinta días, dentro del nuevo plazo quinquenal.
Pero la medida no se limita a la reducción de trámites administrativos: la semana pasada, Milei también firmó un decreto que revirtió la prohibición vigente desde 1995, permitiendo ahora a civiles acceder a armas semiautomáticas de alto calibre, incluyendo fusiles, subametralladoras y carabinas con cargadores extraíbles, bajo un régimen especial a cargo de la ANMAC.
El oficialismo justifica estas disposiciones bajo tres argumentos: la necesidad de revisar normas de más de 30 años de antigüedad, la dificultad para transferir armas tras el fallecimiento de sus titulares, y el reconocimiento de usos legítimos, como el deporte o la caza deportiva .
Sin embargo, organismos de seguridad advierten sobre los riesgos de una mayor circulación de armas. Julián Alfie, de la Red Argentina para el Desarme, señaló que el incremento de armas legales de alto poder podría alimentar el mercado ilegal y fortalecer redes delictivas: “la principal fuente de armas para el mercado ilegal son los desvíos desde el mercado legal”.
Las cifras oficiales dan sustento a las preocupaciones: Argentina cuenta con alrededor de un millón de usuarios registrados y 1,7 millones de armas legales. Además, se estima que el nivel de armas no registradas es comparable al de las registradas. Expertos subrayan que la expansión del acceso podría agravar la violencia, comparando la tendencia local con medidas de restricción adoptadas en países como Nueva Zelanda tras tragedias con armas de fuego .
Con estas decisiones, el Gobierno combina la reducción de controles administrativos con una ampliación notable del tipo de armamento accesible a civiles, reflejando una política de desregulación pública del mercado de armas. El impacto de estas normas —en términos de seguridad, criminalidad y debate cultural— será seguido de cerca por sectores críticos que temen una escalada de riesgos.
