Este martes 13, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con la polémica revisión de las pensiones por discapacidad, derogando la resolución 187/25 que había generado fuertes críticas por parte de beneficiarios y organizaciones de asistencia. La medida, anunciada a través del Boletín Oficial, implica un cambio de rumbo en la reforma del sistema de aportes no contributivos por invalidez laboral, buscando introducir mejoras y correcciones.
La decisión, que se venía gestando desde fines de febrero, reconoce errores en la utilización de conceptos considerados ofensivos para definir la situación de las personas con discapacidad. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, dio el primer paso para corregir la falla a través de la resolución 1.172/25, dejando sin efecto la normativa dictada a mediados de enero.
El Ejecutivo admitió haber recibido diversas “observaciones” sobre la fiscalización de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral, detectando “oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho baremo”. Las reformas proyectadas se enfocarán en la incorporación de referencias a normativas internacionales, buscando un sistema más justo e inclusivo.
Un informe de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó elaborar una nueva propuesta para actualizar cuestiones técnicas y metodológicas del trámite de discapacidad. De momento, la Andis sólo derogó la resolución previa que contenía el baremo de la discordia, dando intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para completar las modificaciones requeridas.
A principios de año, el Gobierno había iniciado la revisión del régimen de pensiones como una “lucha contra el malgasto de los recursos”, buscando eliminar la arbitrariedad en el otorgamiento de las PNC para que “cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos”. Sin embargo, la implementación de la resolución 187/25 generó controversias y críticas por su impacto en los beneficiarios.
