El Gobierno nacional respondió consultas de legisladores sobre el rol que ocupa el asesor presidencial, Santiago Caputo, y brindó detalles de su sueldo y métodos de contratación en el marco del primer Informe de Gestión que defiende hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso.
A pesar del esclarecimiento de algunos datos, la administración libertaria evitó precisar sus funciones y aclaró que, debido a su contrato, no está obligado a presentar declaración jurada.
La Secretaría General de la Presidencia notificó que Caputo se encuentra contratado bajo su órbita, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de Consultor II, y percibe una remuneración equivalente a 3750 URS, equivalente a unos $2.563.312.
Según expusieron, “desempeña tareas de asesoría bajo un marco de modalidad de empleo de locación de servicios por tareas de naturaleza no permanente”.
En detalle, revelaron que sus actividades consisten “en liderar proyectos de consultoría en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados”.
Asimismo, remarcaron que también se encarga de “armar un plan de trabajo que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo; diseñar indicadores para la medición de avances del proyecto; coordinar y dirigir el diagnóstico y la puesta en marcha de la implementación; asesorar en temáticas de su especialidad y generar mecanismos de transferencia de conocimiento”.
A pesar de la respuesta, no se profundiza sobre los “proyectos de consultoría” que encabeza ni a qué campo profesional se dedica. Tampoco qué propuestas impulsa.
Tras las preguntas de diputados, como la del titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, también relativas a las incompatibilidades entre su actividad privada y su rol en el Estado, desde el Gobierno evitaron dar mayores precisiones.
Restan respuestas sobre las consultas acerca del rol de Caputo en la reestructuración de la hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y sus tareas en el proceso.
