En medio de un escenario económico signado por la estabilización de algunas variables macroeconómicas y el intento del Gobierno nacional por dejar atrás los desequilibrios fiscales, la construcción vuelve a colocarse en el centro del debate. Esta vez, no sólo como motor posible del desarrollo, sino también como una industria que, pese a su potencial, continúa enfrentando obstáculos estructurales, financieros y políticos.
El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue el catalizador de nuevas tensiones. En mayo de 2025, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró un aumento del 3,1%, más que duplicando el 1,5% de inflación general informada para ese mismo período. Este salto evidencia un fenómeno ya detectado por empresarios, gremios y analistas: el costo de edificar en la Argentina se encarece por encima del costo de vida, complicando aún más a desarrolladores, constructores y potenciales propietarios.
Descomposición del aumento: la mano de obra como motor del alza
El incremento del 3,1% en el índice general se explica, en detalle, por la suba del 0,5% en materiales, del 5,9% en mano de obra y del 2,0% en gastos generales. Es decir, el factor humano fue, por lejos, el componente más influyente en la evolución de los precios durante mayo.
La razón principal: la actualización salarial acordada entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (uocra) y las cámaras empresarias, pactada el pasado 28 de mayo. Este ajuste paritario impactó de forma inmediata sobre el índice, y también arrastró al alza el capítulo “Gastos Generales”, que incluye ítems como seguridad, higiene y administración de obras.
Esta dinámica no es nueva: en contextos de parálisis de la obra pública y caída de la actividad, los aumentos salariales –aunque justificados por la pérdida de poder adquisitivo– suelen generar efectos financieros inmediatos en las empresas constructoras, que deben absorber mayores costos en un entorno de contratos congelados o directamente suspendidos.
Las secuelas de un año crítico para la construcción
Para entender el alcance del dato difundido por el INDEC, es necesario retroceder un año. En junio de 2024, los máximos referentes de la industria ya alertaban sobre una «alarmante situación», marcada por la paralización casi total de la obra pública, la pérdida de más de 100.000 empleos directos y una deuda acumulada del Estado nacional por más de $400.000 millones con contratistas y proveedores.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) fue una de las principales voces de aquel reclamo. Su presidente, Gustavo Weiss, expuso sin eufemismos la gravedad del momento durante las jornadas sectoriales organizadas por la entidad: “La situación es gravísima. Hay empresas que están al borde de la quiebra y muchas otras que han dejado de operar. Sin inversión pública no hay forma de mantener la cadena productiva”.
Entre el ajuste y la reactivación: la doble narrativa del Gobierno
El nuevo gobierno asumido en diciembre de 2023, encabezado por Javier Milei, había anticipado un profundo ajuste fiscal como parte de su política de “shock” para ordenar la economía. La decisión incluyó la suspensión de la mayoría de los proyectos de obra pública, en nombre del “déficit cero” y la necesidad de cortar el “gasto improductivo del Estado”.
Pero esa narrativa empezó a tensionarse con la realidad. La construcción, históricamente, ha funcionado como una de las herramientas más eficaces para generar empleo rápido, formal y distribuido territorialmente. Su caída no solo impacta en las estadísticas económicas: golpea también sobre el tejido social, especialmente en provincias del norte y del conurbano bonaerense donde la obra pública es, muchas veces, el principal dinamizador local.
En ese marco, los reclamos del sector se multiplicaron. CAMARCO, la UOCRA, los colegios profesionales y las cámaras provinciales comenzaron a exigir al Ejecutivo nacional un plan de transición, que combine el orden fiscal con algún esquema de financiamiento para retomar las obras estratégicas. Pero el Gobierno, hasta el momento, ha respondido con mensajes ambiguos: reconoce la importancia del sector, pero prioriza el equilibrio macroeconómico antes que la inversión.
La Convención Anual de CAMARCO: esperanza, estrategia y advertencias
Un año después de aquellos reclamos, la propia Cámara Argentina de la Construcción dio señales de cambio en su discurso. Durante la 70° edición de su Convención Anual, celebrada bajo el lema “Nuevas oportunidades”, Weiss volvió a tomar la palabra. Esta vez, con un tono más propositivo, convocó a empresarios, funcionarios y actores del sector a pensar el futuro, sin dejar de advertir sobre los riesgos de mantener la obra pública paralizada.
“Sin conectividad no hay productividad. Sin inversión sostenida, no hay crecimiento”, expresó con contundencia. Y agregó: “La infraestructura no es un concepto abstracto. Es el cimiento sobre el que se construye una sociedad moderna y justa”.
Entre los ejes de su discurso, Weiss insistió en la necesidad de contar con políticas claras, previsibles y eficientes, que incentiven la inversión, promuevan nuevos modelos de gestión y creen condiciones para el desarrollo sostenible. “La construcción es desarrollo, es progreso. Es el presente y el futuro de nuestra nación”, sentenció.
El dilema de la inversión: pública, privada o mixta
Uno de los puntos neurálgicos del actual debate es el financiamiento de la obra pública. Mientras el Estado busca recortar al máximo su participación, el sector privado advierte que no existen hoy mecanismos sólidos para sustituir ese vacío.
La experiencia internacional demuestra que los modelos de participación público-privada (PPP) pueden ser eficaces, pero requieren de marcos regulatorios sólidos, incentivos fiscales y seguridad jurídica. Ninguna de esas condiciones está plenamente garantizada en la Argentina actual.
Weiss fue claro al respecto: “La inversión en infraestructura debe ser una prioridad absoluta. Tanta inversión privada como sea posible y tanta inversión pública como sea necesaria”. También destacó la urgencia de contar con instrumentos modernos de financiamiento, como fideicomisos, bonos verdes, fondos mixtos y mecanismos de recuperación por aprovechamiento.
El costo del deterioro: cuando no hacer también sale caro
Otro aspecto crítico del discurso de Weiss fue la referencia al mantenimiento del capital existente. Según estudios del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), la falta de mantenimiento genera un deterioro del capital productivo estimado en u$s25.000 millones anuales. Esta cifra, alarmante, pone en cuestión una idea recurrente en el discurso del ajuste: que se puede “frenar todo” sin consecuencias inmediatas.
La realidad indica lo contrario: caminos que se deterioran, hospitales que quedan a medio construir, plantas potabilizadoras que nunca se terminan, escuelas sin infraestructura básica. Todo ello afecta directamente la calidad de vida de millones de personas. E impacta también en la competitividad del país.
“Invertir en conservación es una decisión económica inteligente”, sostuvo Weiss. “No hacerlo es hipotecar el futuro”.
Perspectivas y desafíos: el horizonte de la construcción en 2025
Con el dato de mayo sobre la mesa, el panorama para lo que resta de 2025 es incierto. Si bien algunos indicadores macroeconómicos (como la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal) generan expectativas de recuperación, otros elementos –como el estancamiento del crédito, la fragilidad del mercado laboral y la falta de inversión estatal– siguen condicionando la performance del sector.
Además, la construcción privada también se enfrenta a sus propios dilemas: las tasas de interés aún elevadas, la baja rentabilidad de los alquileres, la desconfianza de los compradores y la falta de líneas de financiamiento hipotecario hacen que muchos proyectos se frenen, se reformulen o directamente se cancelen.
En ese contexto, el aumento sostenido del costo de la construcción representa un nuevo obstáculo. Para quienes estaban evaluando construir su vivienda, el impacto directo sobre los presupuestos puede ser disuasivo. Para las empresas desarrolladoras, implica márgenes más estrechos, presupuestos desfasados y contratos que deben renegociarse continuamente.
¿Y el consumidor final?
En el fondo, todos estos datos tienen una derivación inevitable: el encarecimiento del acceso a la vivienda. En un país con un déficit habitacional estimado en más de 3 millones de hogares, la imposibilidad de construir o de comprar sigue siendo una de las principales fuentes de angustia social.
El modelo “alquilar para siempre” se vuelve cada vez más común, y quienes quieren construir su propia casa enfrentan precios en alza, créditos inaccesibles y trámites cada vez más complejos. En ese escenario, cada aumento del ICC no es sólo una estadística: es una barrera más para alcanzar el sueño del techo propio.
