Mediante el Decreto N° 1420/5, con fecha del 30 de mayo último, el Gobierno provincial de Tucumán dispuso la cesantía definitiva de una docente que se desempeñaba como profesora de inglés del nivel secundario, tras comprobarse que utilizó un título universitario trucho para acceder a horas cátedra en dos establecimientos del sur tucumano, en Concepción y La Trinidad.
La investigación administrativa se inició en 2017 a raíz de una denuncia presentada por colegas de la falsa profesora y la Junta de Clasificación de Educación Secundaria, quienes pusieron en duda la autenticidad del título universitario que la mujer había presentado. Los docentes notaron inconsistencias al comparar los antecedentes de la profesora con los suyos, a pesar de que las fechas de cursado coincidían.
La Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), supuesta emisora del título, fue contundente: la mujer no finalizó la carrera, solo aprobó una materia y no se le extendió ningún certificado habilitante. Además, se comprobó que la documentación contenía firmas, sellos y códigos falsos, y que la persona que figuraba como directora académica firmante ya no ejercía ese cargo en la fecha señalada en la documentación apócrifa.
A lo largo del proceso, la docente negó haber presentado el certificado falso, aunque reconoció como propia la firma en las declaraciones juradas que acompañaban los papeles apócrifos. La instrucción sumarial concluyó que su accionar no solo violó normas éticas y legales, sino que generó un doble perjuicio: un daño económico al Estado por el cobro indebido de salarios y un impacto negativo en la calidad educativa de los estudiantes.
La mujer se desempeñaba en la Escuela Técnica N° 1 de Concepción y en la Escuela de Comercio “Manie Andole de Estofán” de La Trinidad, donde accedió a horas cátedra con el título trucho. El informe final recomendó su cesantía por haber infringido los deberes establecidos en las leyes provinciales 3.470 y 5.473.
El decreto, firmado por el gobernador, Osvaldo Jaldo y refrendado por la Ministra de Educación, la profesora Susana Montaldo, también ordena comunicar la decisión al Tribunal de Cuentas y publicarla en el Boletín Oficial.
