El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, del Distrito Este, finalizó la investigación y elevó a juicio una causa en la que se encuentra imputada una integrante de la Policía de la Provincia por el delito de “severidades y vejaciones”. Durante el proceso, la defensa solicitó el sobreseimiento de la acusada por prescripción de la acción penal, planteo al que se opusieron tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella. El Juzgado de Control de Garantías N°3 rechazó el pedido y dispuso la continuidad de la causa. En agosto pasado la causa fue enviada a juicio y se notificó a las partes.
Actualmente la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones ya que la defensa se opuso a la elevación a juicio confirmada por el juzgado de Control de Garantías. El hecho investigado ocurrió en mayo de 2015 y la imputada es la numeraria policial Dagma Yazmín Moya, sindicada como autora del delito de “severidades y vejaciones ilegales agravadas por ser cometido con violencia” en perjuicio de dos mujeres. De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación penal preparatoria, el episodio ocurrió mientras las víctimas trabajaban en la peatonal Rivadavia. Un grupo de policías, entre ellos la acusada, se presentó en el lugar para pedirles que se retiraran. Las mujeres manifestaron que contaban con permiso para trabajar allí, y ante la insistencia policial, una de ellas comenzó a filmar la situación con su teléfono celular. Esa acción derivó en que fueran trasladadas a la Comisaría Primera, donde habrían sufrido actos de vejación y severidad. La investigación determinó que la responsabilidad penal en Moya.
En mayo de este año, la defensa técnica de la imputada solicitó que se declare prescripta la acción penal, argumentando que el plazo había vencido en 2020 y que el proceso superó un plazo razonable.
El Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, al considerar que el delito imputado fue cometido en ejercicio de funciones públicas, ya que la acusada es numeraria de la Policía de la Provincia. En consecuencia, explicó que el plazo de prescripción se encuentra suspendido, conforme al artículo 67 del Código Penal, que prevé esa excepción para los funcionarios públicos que permanecen en el cargo.
El hecho
Luego de que un grupo de artesanas denunciara en junio de 2015 que sufrieron torturas con picana eléctrica en el interior de la comisaría Primera, de Catamarca, por parte de policías encapuchados, el secretario de Seguridad de ese momento, Marcos Denett, dispuso que todos los efectivos policiales que se encontraban de guardia el día de los hechos pasen a disponibilidad.
La denuncia por apremios ilegales y torturas fue realizada por un grupo de mujeres que trabajaban en la peatonal Rivadavia, el 29 de mayo de ese año. Las denunciantes manifestaron ante la Justicia y en los medios de comunicación que -cerca de las 6 de la tarde de ese día- un grupo de policías les dijo que se retiren.
Según reza la denuncia, al notar que una de las mujeres filmaba el accionar policial con un celular, las trasladaron a la sede policial, en la que les habrían propinado golpes en distintas partes del cuerpo e incluso les habrían dado descargas eléctricas con un elemento que identificaron como una picana eléctrica.
Denett se pronunció sobre el tema: “Hemos dado expresas directivas de que se instruyan las investigaciones administrativas para determinar responsabilidades y si encontramos responsables, independientemente de los trámites judiciales que se están labrando por cuestiones penales, vamos a proceder como corresponde”, indicó.
“La legítima demanda de seguridad no habilita al personal policial a recurrir a conductas que atenten contra los principios y garantías constitucionalmente establecidos”, dijo en aquel momento el responsable de Seguridad en Catamarca, después de ordenar que se tomen las medidas necesarias para determinar la existencia de los hechos denunciados e individualizar a los autores, además de aportar los elementos de prueba que surjan la Justicia. En tanto, quedaban suspendidos los uniformados involucrados.
Pamela Romero y Fabiana Orellano denunciaron en junio de 2015 que fueron golpeadas, picaneadas y torturadas por efectivos de la Comisaría Primera de Catamarca. Su caso trascendió públicamente luego de que contaron lo que les sucedió durante la primera marcha #NiUnaMenos que se realizó en la provincia. Finalmente, la Justicia decidió imputar a una mujer policía por el delito de “severidades ilegales” y la causa fue enviada a juicio. El 7 de julio de 2017 el expediente entró al Juzgado Correccional de Segunda Nominación, para ser debatido. Desde entonces, espera fecha para el juicio.
En mayo de 2021, Sebastián Vergara, abogado de las dos mujeres, habló confirmó que presentó una “queja por retardo” en la Corte de Justicia de la provincia. El abogado explicó que luego de que la causa ingresara en el Juzgado Correccional, el 20 de abril de 2018 se realizó el ofrecimiento de prueba, sin embargo, el tiempo pasó y nunca se fijó fecha para el debate.
Es así que el 13 de mayo de 2019 y luego el 23 de diciembre de 2020, Vergara presentó dos pronto despachos pidiendo una fecha de juicio, pero no obtuvo respuesta del juez correccional Diego Chayle Costilla. Por esta razón, se decidió realizar la queja ante la Corte.
“Una de nuestras preocupaciones es el riesgo de que la causa prescriba, teniendo en cuenta que el delito por el cual imputan no es el que pedimos, que fue el de tortura, sino severidades ilegales, que tiene una pena máxima de 5 años”, contó el abogado.
Resaltó que pidieron que los policías sean imputados por el delito de tortura “por el grado de sufrimiento físico y psíquico que produce la aplicación de picana eléctrica. Pero no se quiso investigar así, aunque existe un informe psicológico contundente”, agregó.
Pamela y Fabiana eran madres de niños pequeños en 2015. En aquel momento, el 29 de mayo, estaban vendiendo artesanías sobre la Peatonal Rivadavia, en el centro de la ciudad capital, cuando un grupo de policías les pidió que se vayan.
Fabiana comenzó a filmar y les mostró un permiso municipal que tenían para poder vender en ese lugar. Sin embargo, los policías se molestaron por la filmación y las detuvieron, dejando a sus hijos de entre 2 y 4 años solos en el lugar.
Según declararon las artesanas, a Pamela, quien aún estaba dando de mamar a su hijo pequeño, le aplicaron picana eléctrica en todo su cuerpo hasta que perdió el conocimiento. Durante la sesión de tortura, la mujer fue tomada por tres miembros del Grupo Kappa (Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizada, COEM) con pasamontañas y un oficial de apellido Giménez, que fue reconocido pero nunca imputado. De esta manera, la única acusada en la causa, la oficial Dagma Yasmín Moya, tuvo el camino libre para golpearla en el estómago y picanearla en sus partes íntimas.
Luego de los golpes, las dos fueron llevadas a la Comisaría de la Mujer. Las desnudaron completamente y las dejaron en una oficina con la puerta abierta mientras los varones pasaban por el lugar. En algún momento, las revisaron y las obligaron a hacer flexiones de brazos y piernas, siempre desnudas.
El 30 de mayo fueron llevadas ante el entonces fiscal de Instrucción, Marcelo Sago, para que respondieran a la acusación de “resistencia a la autoridad” (la oficial Moya se había raspado la rodilla mientras Fabiana se resistía a ingresar a la Comisaría). En ese momento, para cumplir con los requisitos legales, fueron acompañadas por una defensora oficial a quien le revelaron los golpes y las torturas que sufrieron, pero no las escucharon. Unos meses después, Sago las imputó y las mandó a juicio. Esa causa fue apelada por el abogado de las mujeres y fueron finalmente sobreseídas.
La querella pidió que se investigue la denuncia de las mujeres de manera exhaustiva, “porque en el hecho, para que pudiera darse de esa manera, participaron al menos 7 policías más”. Además, denunciaron que a una de las chicas le robaron el celular con el que filmó a los policías el día del procedimiento, pero el ahora Juez de Cámara y entonces fiscal instructor Mauricio Navarro Foressi, nunca señaló la imputación por robo ni solicitó allanamientos en la casa de los policías.
Tampoco se ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría, ni la búsqueda de las picanas que las víctimas mencionaron a la hora de denunciar que fueron los elementos con las que fueron torturadas.
