El diputado provincial Hugo Ávila pidió crear una comisión investigadora en la legislatura para avanzar con denuncias de estafas vinculadas a expropiaciones irregulares en Catamarca.
Apuntó contra jueces, intendentes y funcionarios y reveló que por una expropiación en Fiambalá se habrían pagado 600 mil dólares para un frigorífico que nunca se construyó.
También denunció que se eliminaron organismos de control y se designaron jueces sin concurso en la gestión del gobernador Raúl Jalil.
El legislador advirtió que estas maniobras habrían provocado millonarios prejuicios a propietarios del interior que nunca fueron indemnizados, y que en algunos casos ni siquiera fueron notificados de las causas en su contra.
Ávila dijo esta mañana de viernes a Radio TV Valle Viejo que “el pedido cuenta con 14 firmas y exige una sesión especial para tratarlo antes del inicio del periodo ordinario. Se investiga y se lleva adelante un seguimiento de lo que hace el doctor Hugo Costilla, ya sometido a un pedido de jury, y también sirve para ser receptor de denuncias de los casos innumerables que hay en el interior de expropiaciones, de despojos de tierra de los legítimos dueños”.
El legislador provincial comentó que “esta problemática que se da acá en la Capital y que quedó a la luz cuando se destapa la olla de este grupo de gente que actuó de esa manera y que tenía la complicidad de algunos organismos públicos del Estado, como ser Catastro, Registro de la Propiedad, gente del Poder Judicial, de la Policía, se da en el interior, donde hay jueces, fiscales, intendentes, organismos provinciales vinculados a despojos y a usurpaciones de grandes extensiones de tierra. Acá puede ser un lote, una vivienda, un vehículo. En el interior son cientos o miles de hectáreas. El caso más emblemático que yo escuché, de esas 150 hectáreas, del doctor Juan Manuel Baracat, que ya presentó una denuncia penal, y después una cantidad innumerable”.
