Allanaron centros de fertilidad en Rosario bajo sospecha de comercializar bebés nacidos por subrogación de vientres

La Justicia federal investiga a personas e instituciones que ofrecían a parejas extranjeras con dificultades para tener hijos un “servicio” para gestar un bebé y entregarlo a cambio de 50 mil dólares.

Según la Fiscalía, captaban como madres gestantes a mujeres vulnerables a las que les ofrecían 10 mil dólares. La causa se inició por una mujer alemana que se presentó en un hospital de la ciudad de Bonn con una beba de tres meses en pésimas condiciones de salud y nacida en Argentina

La Justicia federal ordenó allanar centros médicos y escribanías en Rosario y Buenos Aires por una causa en la que se investiga un posible negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, y la posterior comercialización de los bebés que nacen a partir de ese método.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y se llevaron a cabo el miércoles pasado en forma simultánea con personal las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).

La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero –con actividades en la Argentina–, a través de lo cual los implicados obtuvieron importantes ganancias.

Los sitios allanados de manera simultánea por la Policía Federal fueron dos centros de fertilidad de Rosario y cuatro de la ciudad de Buenos Aires. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro, señaló el portal Fiscales.

En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos, indicaron voceros judiciales.

También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Por ello, se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados.

Por último, hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los interesados en estos procedimientos.