El fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, quien está a cargo de la investigación de la banda de estafadores, tiene una denuncia penal en contra de la jueza de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, María Virginia Cano, por las estafas procesales.
Según un medio capitalino de Catamarca, la acusación fue hecha por un feriante llamado José Lisandro Herrera en noviembre de 2023, y en la denuncia, que se hizo en Fiscalía General, Herrera acusó que José Werfil Vega le quiso cobrar una deuda –inventada– de $6.900.000. En esa causa, Vega era patrocinado por la abogada y pareja de Mario Del Campo, Grisel Rocío Gordillo.
La publicación señala que, además, Herrera denunció que la jueza no controló el pagaré con el que Vega pretendía cobrarse la supuesta deuda, y luego, Herrera realizó una ampliación de la denuncia, pero en la Fiscalía de Costilla, puesto que allí había sigo girada la causa.
En esta extensión de la denuncia, Herrera puso el foco en las firmas “truchas” a su nombre y a nombre de Vega; en la manipulación del expediente que hizo Del Campo y el consentimiento que le prestó el juzgado para tal fin.
En la denuncia, Herrera involucró a Vega, Del Campo y Gordillo, todos ellos imputados por el fiscal Costilla por el delito de “asociación ilícita”.
En el juzgado que dirige Cano, hay cuatro empleados acusados por ahora. Se trata de Aldana Soledad Santisteban de Ahumada, en su carácter de escribiente de la Secretaría N° 2; Ernesto Gabriel Hernández, oficial de la Secretaría N° 2; Ramón Rafael Rolando Rodríguez, el oficial principal de Secretaría de Quiebras; y Ramón Eduardo D´Abate, jefe de Despacho de la Secretaría N° 2. Estos últimos también están imputados por el delito de “asociación ilícita”. En primer lugar, Herrera hizo la denuncia en la Fiscalía General. En la misma, precisó que tomó conocimiento de que en el juzgado de Cano se estaba llevando adelante una demanda ejecutiva en su contra por no haber abonado un pagaré por $6.900.000 a favor de Vega, a quien no conoce.
Esa demanda fue promovida por Vega el 1 de agosto de 2023. En esa oportunidad, Vega fue patrocinado por la abogada Grisel Rocío Gordillo.
Herrera notó que el pagaré había sido adulterado a los fines de que se concrete la ejecución en su contra, se dicte sentencia de trance y remate, y se ordene el embargo preventivo de un camión de su propiedad, con el que trabaja como feriante y sostiene a su familia. El denunciante hizo saber que la fecha original del pagaré estaba tapada con un sello con la leyenda “ORIGINAL”. Por esto, consideró que se realizó esta maniobra para ser defraudado.
Para Herrera, estas maniobras tenían como finalidad dar al pagaré la apariencia de un título ejecutivo para promover un proceso judicial ejecutivo en el juzgado de Cano. Él dejó en claro que no tiene ninguna deuda de dinero con Vega. Por esta razón, Herrera denunció que Vega le quería cobrar una deuda inexistente, usando como ardid la presentación en juicio de un documento adulterado, situación que no fue advertida por la jueza Cano, siendo que ella tenía que examinar cuidadosamente el pagaré.
Herrera remarcó que se enteró que la secretaria Nº 1 del juzgado, Liliana Batallán Ocampo, había manifestado que el pagaré ejecutado era válido y cumplía con todos los requisitos legales, a pesar de la inserción del sello, y así lo había decidido la jueza Cano. Ante esta situación, Herrera pidió que se investigue a Vega por posibles delitos de “estafa” y “falsificación y uso de documento privado”, pero que también se investigue a la jueza Cano por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Herrera realizó la ampliación de la denuncia también en noviembre de 2023, pero esta vez en la fiscalía que está a cargo de Costilla. En ella, hizo énfasis en varias irregularidades que pudo detectar en el expediente que trataba su caso. En esta ocasión, observó que la firma que le atribuyeron en el pagaré no había sido hecha por él.
También destacó la existencia de varias firmas de Vega, que no eran coincidentes entre sí. Por eso, a Herrera le llamó la atención que la jueza Cano no haya advertido esta cuestión. Además, notó que el 3 de octubre de 2023, en el expediente, Del Campo retiró del juzgado una cédula de notificación dirigida a él (por Herrera), la cual nunca fue entregada, y un oficio dirigido al Registro de la Propiedad Automotor a los fines de que este último anote el embargo sobre su vehículo.
Herrera remarcó que Del Campo no se encontraba autorizado en el expediente para realizar ningún tipo de acto. Por eso, se vio sorprendido por el hecho de que el juzgado de Cano le permitió a Del Campo no tan solo manipular el expediente, sino además realizar actos propios de los interesados del proceso, es decir el actor, el demandado. En este punto, el denunciante remarcó la connivencia entre Vega y Del Campo, con el consentimiento del juzgado de Cano.
Según la denuncia, Vega promovió unas 46 causas de ejecuciones comerciales, recusando -sin causa- al Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Tercera Nominación, con el fin de tener más posibilidades que sus causas se radiquen en el juzgado de Cano.
Los pliegos de María Virginia Cano fueron aprobados en el Senado el 3 de octubre de 2019. Así como fue denunciada por el feriante, también hay una presentación de tenor similar en la Secretaría de Sumarios de la Corte.
Recordemos que José Vega se despegó de la banda de estafadores, y su abogado defensor, Orlando Barrientos, dijo que a su cliente lo acusan de haber ejecutado más de 100 millones de pesos por medio de documentos en un Juzgado Comercial. Luego, explicó que Vega negó haber firmado esos documentos y deslizó que la abogada Rocío Grisel Gordillo, también imputada, utilizó la firma de él. Esto se debe a que Gordillo poseía los datos personales de Vega puesto que ella lo había defendido hace unos ocho años en una causa de drogas.
