El gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó esta mañana una denuncia penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.
Según el documento al que accedió el sitio Infobae, el cuestionamiento se centra en la percepción de bonificaciones por “Zona Austral” en dos beneficios previsionales, a pesar de que la residencia de Fernández de Kirchner no se encontró en las áreas geográficas que justifican dicho adicional.
Según el texto -que será sorteado en las próximas horas para determinar el juzgado actuante- la también ex vicepresidenta “insertó o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023), todo ello cometido en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.
El “perjuicio patrimonial a la ANSES”, aclara el texto, “quedará determinado con exactitud a partir de las tareas investigativas que llevará adelante su señoría y que, finalmente, surjan de las pericias a realizarse en la etapa procesal oportuna”.
“Acto de corrupción”
La ANSES calificó los hechos denunciados como un “acto de corrupción” en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción , ambas ratificadas por la República Argentina. Según el organismo, las conductas atribuidas a Fernández de Kirchner podrían encuadrarse en los delitos de estafa y defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.
En el escrito presentado, se solicita al juez federal que ordene una serie de medidas probatorias, entre ellas:
- Oficios al Senado de la Nación para verificar la asistencia de Fernández de Kirchner durante su mandato como senadora.
- Información del Banco Central de la República Argentina sobre los movimientos de cuenta de la denunciada.
- Datos del Ente Nacional de Comunicaciones para identificar la radicación de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por Fernández de Kirchner en el período investigado.
- Pericias caligráficas para constatar la autenticidad de las firmas en los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social.
- Pericias contables para determinar el monto exacto del perjuicio económico ocasionado a la ANSES.
