Los jóvenes Dylan Joaquín Valenti, de 18 años, y Brian Ezequiel Molina, de 22, fueron ejecutados la noche del 30 de septiembre de 2021 en un camino rural que une Rosario con Pérez, cerca del cruce de Uriburu y Las Palmeras, en la periferia del Oeste rosarino. Ayer lunes, la compleja investigación por ese doble crimen culminó con siete condenas a prisión perpetua y una a siete años, según resolvieron los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese.
Las penas impuestas a la banda del narco Jorge “Chivo” Castillo (30) coincidieron con lo solicitado por el fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la investigación, junto con su equipo y brigadistas de la División Homicidios.
Según probó la investigación, las muertes de Valenti y Molina fueron una represalia por el asesinato de un primo de Castillo, Julián Zanier, alias “Inválido” o “Paralítico”, apodos que aludían a que se desplazaba en silla de ruedas desde que un balazo le afectó la movilidad en 2016.
Zanier, ligado a la narcocriminalidad en Villa Banana e investigado por varios homicidios, vivía en Fontana al 3100, en Nuevo Alberdi, cuando ese mismo 30 de septiembre fue acribillado por un grupo que irrumpió en su casa al grito de “¡Policía!”. Recibió 30 disparos de los casi 70 casquillos hallados en la escena.
Esa misma noche, Castillo ordenó una venganza urgente. Sus soldados comenzaron a apretar gente y a patear puertas. Así llegaron al nombre de un posible entregador: Dylan Valenti, a quien, según trascendió, alguien había escuchado decir que “había dos millones de pesos por la cabeza de Julián Zanier”.
Aunque no tenían pruebas sólidas, la banda decidió actuar. Valenti fue interceptado en la vía pública, cerca de su casa del Parque Oeste (ex Quinta Luciani), cuando se encontraba con su amigo Brian Molina, completamente ajeno al mundo narco. Un capricho del destino que también selló su suerte.
De acuerdo con la acusación, respaldada por el fallo, los jóvenes fueron “cazados” por Castillo; su pareja Denise “La Colo” Amancay Castro (26); Sebastián “Narigón” Romano (28); Alexis “Popeye” Zárate (21); Hernán “Sombra” Cabrera (31); Emiliano “Pepo” Reunica (30) y Ezequiel Molina (33).
Los interceptaron y los subieron por la fuerza al Volkswagen Suran de Molina, que fue abandonado después. El auto iba escoltado por un VW Pointer gris conducido por Reunica y al menos una moto.
Ambos fueron llevados a un camino rural en la zona de Uriburu y Las Palmeras, un sector despoblado ya conocido por ser escenario de otros crímenes mafiosos y descartes de vehículos robados.
Durante el juicio, que duró tres semanas, se escuchó que, frente a los sicarios, Molina suplicó por su vida: “Soy un gil laburante”, habría dicho. Lo ejecutaron de todos modos, incluso entre risas, y le robaron algunas pertenencias.
Al día siguiente, 1º de octubre, un vecino halló los cuerpos. En el lugar había una nota escrita con la frase “con la mafia no se jode” y un dibujo de una corona debajo, destinado a desviar la pesquisa, apuntando a un narco rival.
El escenario descampado y la ausencia de celulares y cámaras amenazaron con dejar la investigación en un callejón sin salida. Sin embargo, una serie de testimonios de identidad reservada abrieron el juego. Esos relatos hablaron de la planificación del crimen en una casa de 27 de Febrero y Brasil, del seguimiento a las víctimas y del accionar posterior.
A partir de esa base, Ferlazzo reconstruyó la secuencia con impactos de antenas, peritajes a celulares secuestrados y hasta fotos donde algunos acusados ostentaban una cadenita robada a las víctimas.
Las detenciones comenzaron a fines de abril de 2022, con un allanamiento a un departamento de Pellegrini al 700, donde Castillo ya había montado altares dedicados a San La Muerte. En septiembre de 2023 fue imputado el último sospechoso, Ezequiel Molina, capturado por la Policía Federal en General Pinedo, Chaco. Era la pieza que faltaba.
Los siete principales implicados fueron condenados a prisión perpetua por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego; homicidio doblemente calificado por concurso premeditado y con el fin de ocultar otro delito (criminis causa); hurto calificado por el infortunio particular de la víctima; y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra, todo en calidad de coautores.
Además, el tribunal impuso siete años de prisión a Alan Emanuel Sappa, hallado con el celular de una de las víctimas y un revólver calibre .32 durante uno de los primeros allanamientos. Fue condenado por encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave.
