La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe en el que advierte sobre un presunto desfalco millonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, con un movimiento de fondos que superaría los 45.000 millones de pesos. Según la investigación, gran parte del dinero habría sido extraído a través de la operatoria «cheque por ventanilla» sin justificación aparente y en coincidencia con el período electoral de 2023.
Uno de los casos más significativos es el de La Banda del Río Salí, en Tucumán, donde se detectaron retiros por más de 17.000 millones de pesos entre enero de 2023 y junio de 2024. La magnitud de la maniobra alertó al Banco Macro, entidad donde la municipalidad tiene sus cuentas, que reportó las operaciones a la UIF en el marco de la Ley Antilavado.
Un patrón de retiros sospechosos
El informe del organismo antilavado detalla que las irregularidades se replicaron en distintos municipios, con Tucumán liderando la cantidad de Registros de Operaciones Sospechosas (ROS). El análisis permitió identificar un patrón en la salida de fondos, con un aumento exponencial de las extracciones antes de las elecciones presidenciales de 2023. Situación que refuerza la hipótesis de que el dinero habría sido utilizado para financiar la campaña.
La información recopilada por la UIF fue remitida a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que el 30 de diciembre había denunciado el caso ante la Cámara Nacional Electoral. A partir de allí, la investigación se descentralizó en cada una de las jurisdicciones involucradas.
El caso de La Banda del Río Salí
El municipio tucumano concentra el 40% del dinero presuntamente desviado, con retiros sin justificación por $17.256.585.514 en un período de un año y medio.
Desde la intendencia, encabezada por Gonzalo Monteros, no emitieron respuestas sobre la investigación. Consultados por la prensa, voceros del municipio indicaron que «recién podrán abordar el tema después del Carnaval para la tercera edad». Se trata de un festival municipal celebrado el pasado viernes.
Monteros es hijo del ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, y responde políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ, aunque alineado con la gestión de Javier Milei.
El informe de la UIF advierte que las maniobras detectadas involucran a funcionarios públicos. Por ejemplo, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias de los municipios.
Compra de dólares y desvío de fondos
La UIF identificó una segunda modalidad de presuntas maniobras ilícitas: el ingreso de grandes sumas de dinero en cuentas personales de empleados públicos, que luego eran utilizadas para la compra de dólar MEP.
Según los investigadores, los montos movilizados no coincidían con el perfil financiero de los empleados municipales, lo que activó las alertas de las entidades bancarias.
La denuncia se enmarca en la Ley 25.246, que obliga a bancos y entidades financieras a reportar operaciones sospechosas a la UIF. De no hacerlo, pueden ser consideradas cómplices de encubrimiento financiero.
En este contexto, el Banco Macro de Tucumán reportó las anomalías en el CUIT 30-67526419-4, correspondiente a la Municipalidad de La Banda del Río Salí.
La investigación inicial se basó en un período determinado. Las fuentes consultadas advirtieron que el desfalco podría ser aún mayor. Y que el caso podría derivar en una pesquisa de mayor alcance sobre el manejo de fondos públicos en distintos municipios del país.
