Ante la reciente implementación de tasas por parte del municipio de Fiambalá para el ingreso a distintas atracciones turísticas y paisajísticas, desde el Gobierno provincial se observan una serie de irregularidades.
En primer lugar, se constata que las tasas impuestas por el municipio son ilegales, ya que no fueron sancionadas conforme a la normativa vigente. Se firmaron mediante decreto, sin la debida aprobación del Concejo Deliberante, lo cual las torna inconstitucionales.
Por otra parte, se advierte a los turistas y guías que el pago de dichas tasas no es obligatorio, debido a su carácter ilegal. En consecuencia, no corresponde su cobro ni exigencia en los accesos a los atractivos turísticos de la zona.
Esta tasa ilegal afecta directamente a una importante cantidad de trabajadores y proveedores turísticos de toda la provincia, y va en contramano de la política provincial de fomento del turismo que se viene llevando adelante desde hace más de 14 años.
Asimismo, las autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, que conduce la ministra Daiana Roldán, subrayan que el ingreso a zona de alta montaña, cordillera y atracciones turísticas de la zona, solo se puede realizar mediante vehículos preparados, doble tracción. Se aclara esto en virtud de que, tras haber cobrado una tasa ilegal, el municipio de Fiambalá permitió el acceso a vehículos de tracción simple.
Finalmente, la provincia de Catamarca ratifica que el Balcón del Pissis, sus zonas aledañas y otras áreas de interés turístico se encuentran en terrenos que no pertenecen al municipio de Fiambalá. Por lo tanto, cualquier tributo o tasa que se pretenda establecer sobre estos espacios no puede ser legislado por las autoridades municipales.
Tinogasta expresó su preocupación
A través de un comunicado, la Secretaría de Turismo de Tinogasta expresó su “preocupación ante la decisión del Municipio de Fiambalá de imponer un impuesto a los guías turísticos de nuestra ciudad, especialmente en una fecha clave para el sector como lo es Semana Santa”. En otro párrafo del comunicado consideran a la medida como “injusta y arbitraria” y que “afecta directamente a trabajadores registrados que cumplen con todos los requisitos formales, y que han hecho del turismo una actividad profesional y comprometida con el desarrollo local y regional”.
