La contundente afirmación pertenece al fiscal General ante la Cámara Federal de la provincia de Tucumán, Gustavo Gómez, quien esta mañana habló en exclusiva con Radio TV Valle Viejo sobre la causa por contaminación de la planta de residuos patógenos que funcionaba en el Departamento Andalgalá.
En principio, el prestigioso funcionario judicial aclaró que “yo no podría responderle con precisión sobre cómo es que deben preverse la distribución, la recolección, la acumulación de estos residuos, porque no conozco la legislación de Catamarca. Hemos hecho una búsqueda de esa información a través de internet, pero no la encontramos. Por eso me he limitado a establecer los artículos federales. Y de hecho, vuelvo a repetir el tema, acá hay víctimas. Esas víctimas tienen derechos, y esos derechos sería muy bueno que algún letrado los recoja para defenderlos.
Consultado sobre si la responsabilidad mayor la tiene el funcionario, Secretario de Ambiente que firmó las autorizaciones o el Ministro superior de este funcionario, que es quien también avaló, o debe haber avalado, o tiene que haber estado al tanto respecto a esta situación, el fiscal Gómez delineó la cadena de responsabilidades: “El principal responsable es el que administra este negocio. La ley 24.051 expresamente establece que si se trata de una empresa, tiene que ser el CEO, el gerente o el presidente de la empresa el responsable de estos delitos. Nosotros acá perseguimos a los responsables de estos delitos. Si en el tránsito de la investigación se advierte alguna negligencia o se advierte alguna actitud dolosa, se abre en paralelo una causa penal. Pero lo primero que nos preocupa a nosotros, es la causa penal, el delito federal, la responsabilidad de los empresarios en este sentido y la manera más pronta de que esto evite cualquier tipo de daño para las víctimas”.
Ante la insistencia sobre el grado de responsabilidad de un funcionario de gobierno en estos casos, el fiscal Federal Gustavo Gómez fue tajante: “Eso va a surgir de la investigación, si el doctor Santos Reynoso decide investigar, nosotros siempre sostenemos de que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Si los funcionarios públicos funcionaran, nosotros no tendríamos ningún delito previsto por el artículo 55″.
