La informalidad laboral no es un problema nuevo en la economía argentina, pero sí se está agravando. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la cantidad de asalariados informales pasó del 42% al 43% en el último año, lo que representa un incremento de 132 mil personas que trabajan, pero no aportan al sistema jubilatorio.
En detalle, en el segundo trimestre de 2023 se contabilizaban 12.874.000 asalariados, de los cuales 7.434.000 eran registrados y 5.440.000 eran informales. Un año más tarde, en igual período de este año, el universo de asalariados se achicó a 12.859.000 personas, producto de un decrecimiento notable de la cantidad de trabajadores formales (hay 147 mil menos) y un crecimiento de la cantidad de trabajadores no registrados (hay 132 mil más).
La tendencia refleja la dificultad de muchas empresas para sostener los costos laborales en un contexto económico marcado por la inflación y la recesión. Al mismo tiempo, algunos sectores informales crecen debido a la falta de incentivos para formalizar empleos o las complicaciones burocráticas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Estos factores agravan la desigualdad en el acceso a beneficios laborales y de seguridad social.
El fenómeno no solo afecta a los trabajadores, sino que también representa un desafío para el sistema previsional argentino. Con menos aportes, el financiamiento de las jubilaciones se ve comprometido, lo que podría llevar a futuras reformas en el sistema de seguridad social para garantizar su sostenibilidad.
