Cinco efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Chiapas fueron asesinados el lunes 2 de junio durante un patrullaje en una zona rural del municipio de Frontera Comalapa, cerca de la frontera con Guatemala. Según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), la patrulla en la que se desplazaban fue emboscada por un grupo armado y posteriormente incendiada con los agentes en su interior. Los cuerpos fueron hallados calcinados.
El ataque ocurrió alrededor de las 13 horas en un tramo de terracería que une el ejido Las Champas con Ciudad Cuauhtémoc, a la altura de un basurero. La unidad, identificada con el número 23057, fue interceptada sin que los policías lograran responder a la agresión. En el sitio se recolectaron más de 700 casquillos percutidos de diversos calibres. También se difundieron videos que muestran el uso de armamento pesado como lanzagranadas, aunque las autoridades aún no lo confirmaron oficialmente.
Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Cortés Morales, Jesús Sánchez Pérez, Joel Martínez Pérez, Brenda Lizbeth Toalá Blanco y Pedro Hernández Hernández. Todos cumplían funciones de patrullaje preventivo, en una zona que carece de resguardo permanente y es considerada de alto riesgo por la presencia de organizaciones criminales. A pocos metros del lugar se encuentra un paso fronterizo informal hacia La Mesilla, en Guatemala, que se presume fue utilizado por los atacantes para escapar.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo desplegó de inmediato un operativo con más de mil efectivos en la región, al que se sumaron tropas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía estatal. El objetivo es contener nuevos ataques y reforzar la seguridad en una zona clave para el tráfico ilegal de personas, drogas y armas.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, repudió el crimen y aseguró que “habrá una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley”. Desde un acto en el municipio de Las Rosas, afirmó: “Aquí no hay lugar al miedo”. En tanto, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca anunció la apertura de una investigación por homicidio calificado y la conformación de un equipo especializado para el esclarecimiento del caso.
Este atentado se enmarca en un contexto de violencia extrema en la frontera sur de México, donde operan distintas organizaciones criminales. La zona es disputada por el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) y el grupo guatemalteco Los Huistas. Estas organizaciones pelean por el control de rutas estratégicas, aprovechando la geografía accidentada y los cruces fronterizos no oficiales.
El CCyG, liderado presuntamente por Ataulfo López Flores, ha sido vinculado a múltiples masacres, incluyendo la de 19 personas en La Concordia en 2024. En paralelo, el CJNG ha consolidado alianzas con grupos locales como Los Huistas, Los Machetes, Los Autónomos y MAÍZ, lo que le ha permitido desafiar el control territorial del Cártel de Sinaloa en esta región clave.
Las autoridades continúan con las necropsias correspondientes y la identificación plena de las víctimas, mientras avanza una investigación que promete ser compleja, en una de las zonas más convulsionadas del país.
