El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa del Gobierno nacional que se aprobó en 2024 para servir como el “motor de la reactivación económica”, no atrajo propuestas productivas significativas y terminó consolidándose como un esquema de beneficios extraordinarios “para proyectos ya existentes”, según un informe.
De acuerdo con un análisis de la Fundación Encuentro, este esquema no llegó a generar inversiones nuevas de magnitud ni diversificación productiva.
Entre los principales hallazgos y relevamientos del informe, la fundación destacó que el Gobierno había proyectado USD 50.000 millones en inversiones. Pero, a la fecha, se aprobaron solo USD 8.572,8 millones, es decir apenas el 17,1% de lo vaticinado por la gestión de Javier Milei.
Es más, si se cuentan únicamente los proyectos posteriores al Rigi, la cifra se reduce a USD 255 millones, apenas el 0,5% de lo anunciado. Esto se explica porque, de los siete proyectos aprobados, seis ya estaban en marcha o habían sido anunciados antes.
En cuanto a sectores estratégicos, sólo se aprobaron proyectos de cuatro de los ocho totales: petróleo y gas; energía; minería y siderurgia. Por su lado, turismo, industrias forestales, tecnología e infraestructura no registraron propuestas de inversión.
La Inversión Extranjera Directa en 2025 fue negativa por USD 1.679 millones, “lo que muestra que no hubo boom inversor”, sostiene el texto.
Si bien al aprobarse se lo definió como “un régimen para subsidiar a los grandes”, el informe concluye que el RIGI “no atrajo capital nuevo, sino que funcionó como una transferencia de recursos fiscales a empresas que ya tenían sus proyectos decididos”.
Un ejemplo que ofrecen es el de YPF, que participa en tres de los siete proyectos aprobados, dos de ellos vinculados directamente a Vaca Muerta.
La Fundación Encuentro advierte que “la Argentina no carece de proyectos productivos, sino de políticas públicas que prioricen el valor agregado, el empleo y los encadenamientos productivos”.
Hasta el momento, el Gobierno aprobó la adhesión al régimen de proyectos energéticos y mineros por USD 13.067 millones, mientras que los presentados representan un total de USD 33.876 millones.
Esta cifra fue revelada oficialmente por el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, en su última exposición ante el Congreso. El monto implica que, a un año del lanzamiento, se aprobó el 35% de las iniciativas: siete recibieron el visto bueno, una fue rechazada y otras 12 siguen en evaluación.
En los sectores de energía y minería aseguran que si bien el Rigi continúa consolidándose como una herramienta para atraer capitales estratégicos a la Argentina, se estima que el Poder Ejecutivo deberá prorrogar por un año más la vigencia del régimen que vence el 31 de julio de 2026, para dar tratamiento a los proyectos en evaluación.
